Columna de Opinión

El diputado republicano y candidato presidencial Johannes Kaiser mencionó hace un tiempo atrás: "son 72 dosis en total. Creo que tendríamos que analizar seriamente el programa de vacunación, cuanto menos, el obligatorio. Están haciéndolo ahora en Estados Unidos, en varios estados, no porque las vacunas individualmente sean malas, sino porque las vacunas funcionan con metales pesados para fijarse al cuerpo. Habría que ver si eso efectivamente está teniendo o no un impacto en la salud", refiriéndose al Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) en Chile.

Una vez más, afirmaciones como estas instalan el foco en aseveraciones que directamente cuestionan y relativizan políticas públicas las cuales, a pesar de que existe evidencia científica y datos concretos que respalden su éxito, persiste una necesidad de mantener discursos pseudocientíficos en el debate público nacional, lo que incluso puede resultar en la entrega de falsa información a la población.

Poner en entredicho la solidez de un programa como este, que como sabemos, ha contribuido a la protección de la vida y el respeto a los derechos fundamentales de niñeces, adolescencias y personas adultas, no solo es preocupante, sino también riesgoso, entendiendo que son relatos que se alinean con discursos anti vacunas, los cuales sabemos, han generado un peligroso retroceso en la cobertura de inmunización en otros países.

La evidencia indica que la política de vacunación en Chile ha sido un pilar fundamental en la reducción de enfermedades prevenibles, logrando erradicar o disminuir significativamente la incidencia de patologías como el sarampión, la rubéola y la poliomielitis, a lo que se incluye el importante efecto que tuvo la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincicial, Nirsevimab, incluida en el año 2023 en el PNI y que redujo a cero los fallecimientos en menores de 1 año por VRS para el 2024, además de disminuir en un 81,6% las hospitalizaciones por causas respiratorias en ese grupo para esa fecha.

Existe una variedad de evidencia que respalda los avances que la salud pública ha logrado respecto a inmunizaciones y que en estos días particularmente, han sido explicitadas por diversos referentes en salud, a propósito de la entrevista llevada a cabo por el diputado.

La instalación de discursos de desinformación en la sociedad actual es particularmente grave en una era dominada por aquello que Byung-Chul Han (2022) define como la “sociedad de la infocracia”. En su análisis sobre “la crisis de la democracia en el régimen de la información”. Han advierte que “un solo tuit con una noticia falsa o un fragmento de información descontextualizado puede ser más efectivo que un argumento bien fundado”.

Las declaraciones del diputado evidencian cómo la desinformación se infiltra en el debate democrático, desdibujando los límites entre la evidencia científica y la manipulación discursiva. Es imperativo reafirmar el valor de, en este caso, el Programa Nacional de Inmunizaciones como una política pública basada en datos, evidencias y resultados concretos.

Lamentablemente este es solo uno de muchos ejemplos de acciones de desinformación, en donde la lógica de lo individual como elemento central del cuidado de la vida que poseen algunos sectores políticos y personas del mundo público, no solo promueve inequidades, sino que es una postura engañosa, que no considera la importancia de lo colectivo y, por tanto, que no posee una real comprensión respecto a cómo funcionan los procesos de determinación social de la salud.  

No podemos permitir que la política se convierta en un espacio donde se debiliten los logros sanitarios que han salvado millones de vidas. La salud pública no debe estar al servicio de discursos populistas que distorsionan la realidad, generan incertidumbre y ponen en peligro la vida de las futuras generaciones.