Columna de Opinión

El pasado mes de octubre, se llevó a cabo la XX Conferencia Suramericana sobre Migraciones (en adelante CSM), donde participaron doce países de la región, Organismos Internacionales como la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones.

Teniendo a Chile a cargo de la Presidencia Pro Témpore, esta jornada tuvo como uno de sus propósitos la elaboración de la Declaración de Santiago (2022), documento en el cual se plasmaron los principales acuerdos de la instancia.

Los Países Miembros fijaron cinco ejes prioritarios: Eje de Cooperación Regional, de Cooperación Internacional, Humanitario, Migratorio y de Cohesión Social Migratoria, junto a la propuesta de actualización del Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones.

Esta instancia, se configura como un impulso a la gobernanza migratoria, pues la crisis de movilidad humana que vive la subregión cada día se agrava más, principalmente por la inmigración irregular, la cual se ha acrecentado en los últimos años y supone una serie de desafíos, dada las complejidades asociadas, como el tráfico de migrantes.

En la Declaración de Santiago, se reconoce la multidimensionalidad de los procesos migratorios, abordando temáticas de seguridad, pero también de Desarrollo Humano, dando cuenta de la complejidad que ha adquirido el proceso migratorio intrarregional en la actualidad.

Las experiencias individuales que los países han empleado para hacer frente principalmente al éxodo de venezolanos, han dado cuenta que este es un tema en el que cada país no puede salvarse por sí solo, pues el cierre de fronteras no basta para detener a miles de personas que, diariamente las cruzan irregularmente en búsqueda de un contexto en el cual su seguridad e integridad esté resguardada.

La inmigración presenta desafíos transversales para los países de América del sur, puesto que los desplazamientos humanos en la actualidad se distribuyen de forma multipolar y a la ecuación origen-destino, se ha incorporado la figura de los países de tránsito. En nuestra región se está desarrollando un proceso migratorio intrarregional que contempla estas tres figuras.

Las instancias multilaterales regionales son espacios de importantes acuerdos, dadas las particularidades de cada zona geográfica alrededor del mundo. En América del sur, tenemos una regionalización de la migración, donde el número de migrantes intrarregionales se ha acercado considerablemente al de los sudamericanos que habitan en otras partes del mundo, cifra impulsada principalmente por el éxodo venezolano.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), estima en 5.960.556 los venezolanos refugiados y migrantes que habitan en los países de América Latina y el Caribe, donde encabezan el listado: Colombia (2.447.588), Perú (1.490.673), Ecuador (502.214), Chile (448.138) y Brasil (365.387)[1].

Dada la magnitud de estos desplazamientos, pactos regionales como el Mercosur y la CAN, son instancias de vital importancia para el resguardo de los derechos de las personas migrantes en la región, pues permiten una regularización migratoria expedita, para que las personas puedan acceder a normalizar su situación económica y social, mediante la búsqueda de empleo formal y acceso a servicios básicos como salud y educación para las y los menores.

Los lineamientos de la CSM, generados a partir de un diagnóstico conjunto de los países, son una hoja de ruta para el empleo de medidas que permitan combatir con uno de los principales desafíos que presenta el proceso migratorio intrarregional actual: la irregularidad y los fenómenos delictivos adyacentes a ésta.

No obstante, dicha instancia al no ser de carácter vinculante para los países participantes, corre el riesgo de ser simplemente un escenario de discursos que se desvanecen en el aire.

La cantidad de soberanía a la cual los Estados están dispuestos a renunciar en el tema migratorio, se posiciona como un costo político que los países deben asumir, en búsqueda de consolidar acuerdos para una gobernanza migratoria regional, que vele por una regularización migratoria que garantice la protección de los Derechos Humanos de todas las personas desplazadas.

La CSM se configura de iniciativas y diagnósticos compartidos que dan cuenta de una consciencia multilateral respecto a la crisis humanitaria que enfrenta la región, no obstante, dichas declaraciones deben ser materializadas en políticas concretas que den respuesta a corto, mediano y largo plazo en el tema migratorios, principalmente porque la movilidad humana es un proceso propio de la globalización, la cual se profundiza en la medida que las tecnologías en su conjunto se desarrollan rápidamente.

Si hay algo que el proceso de movilidad humana en América del sur ha dado cuenta, es que es dinámico y cambia cada vez más rápido, mientras que las respuestas de los gobinernos a estos flujos no son capaces de adiquirir dicha velocidad.

En ese sentido, Chile se encuentra en un momento crucial, la definicíón de la política migratoria que se adopté en los próximos meses, debe ir de la mano con la agenda de la CSM, en miras de abordar un proceso garantizando la protección de los Derechos Humanos y de la Seguridad, tanto de las personas que llegan, como de las comunidades de acogidas. Una política que aborde la temática en su conjunto y no solo aspectos administrativos y de seguridad.

*[1] Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes