Miércoles 1 de abril de 2026 - 17:19
Consideremos algunos datos incómodos:
El 10% más rico concentra más del 80% de la riqueza en Chile. El 1%, más del 50%. Se trata de niveles de concentración extremadamente altos, confirmados por el reciente informe del Ministerio de Hacienda, en base a datos de la Oficina de Altos Patrimonios del Servicio de Impuestos Internos sobre ingresos tributables (publicado el 10 de marzo, un día antes del cambio de gobierno). Al tratarse de una medida construida a partir de datos administrativos y no de una encuesta, es una aproximación más fina, aunque todavía no refleja toda la riqueza que concentran los sectores más acaudalados de la sociedad.
Para entenderlo, debemos considerar lo que ocurre con las utilidades que declaran los consorcios empresariales, en los que se sustentan las grandes fortunas. En base a estas utilidades, las empresas en Chile “deberían” pagar - digamos - $100 en impuestos; sin embargo, se estima que pagan $54. El resto, $46, no entra al fisco y queda fuera del radar (estudio del SII sobre cumplimiento de brechas tributarias, 2025). No es magia: es “gimnasia” y protección tributaria. Existen incluso programas de educación ejecutiva destinados a enseñar “gimnasia tributaria” o “contabilidad creativa”, maniobrando el marco legal (todo legal, o al menos así tiene que parecer).
Un dato similar y aún más actual lo ofrece la estimación del informe del 10 de marzo del Ministerio de Hacienda, que determina que lo que el empresariado declara para tributar representa apenas el 48% de sus ganancias reales. En definitiva, la mitad de las ganancias se mantienen a resguardo y en la sombra a través de distintos mecanismos de elusión fiscal que permiten protegerlas y concentrarlas en pocas manos.
Un cuarto dato que debiese llamarnos la atención es la evolución exponencial de algunos negocios. El grupo económico de la familia Luksic pasó de USD 2.200 millones en 1996 (USD 4.600 millones a precios de hoy) a USD 52.600 millones (Fuente: Revista FORBES). Un aumento sobre el 1.000%. Cabe preguntarse: ¿cómo obtiene retornos tan extraordinarios? Y, junto con eso, ¿quién crece cuando Chile crece?
Durante el mismo período, el PIB real per cápita de Chile (ajustado por inflación) creció un 90% (FMI). Sí, la pobreza ha bajado, pero ya somos un país con más de USD 35.000 como PIB per cápita a dólares comparables (FMI) y, aun así, hay casi 3.500.000 de personas en situación de pobreza por ingresos, incluso después de los subsidios (CASEN, 2024). A su vez, la enorme mayoría de la población obtiene una porción muy limitada de la riqueza socialmente generada.
La progresividad de nuestro sistema económico es un mito con buena prensa, y desde hace más de 30 años se habla de cultivar la paciencia para que el mercado, librado a sus propias fuerzas, produzca el derrame de la riqueza.
En este modelo, los ultrarricos pagan menos impuestos, proporcionalmente y en relación a sus ingresos, que el 50% más pobre de las y los contribuyentes del SII (11,8% vs. 16,2%).
Ahora veamos el drama fiscal. La deuda pública bordea el 41,7% del PIB. El “límite responsable” recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo, creado en 2019, es de 45%; todavía no se alcanza, pero hoy se habla de un Estado en la bancarrota. En la OCDE, el promedio es 110% y ello, sin duda, plantea problemas; pero aquí el mensaje es que nos estamos cayendo al abismo. Curioso.
Ante esa imagen, la austeridad emerge como una receta ineludible, un antídoto respecto del cual no hay alternativa: como en dictadura.
En paralelo, la mitad de las y los trabajadores en Chile perciben menos de $600.000 líquidos (CASEN, 2024) y son vulnerables a caer bajo la línea de la pobreza o a estar en situación de pobreza intermitente. Con sus ingresos deben cubrir servicios básicos altamente mercantilizados y, muchas veces, no alcanza. En los hogares se hacen malabares para sortear los obstáculos relacionados con la salud, la educación, etc., y todo se viene abajo ante una urgencia. Como el mercado manda y el Estado establece mínimas políticas compensatorias y focalizadas, con suerte se recibe algún bono. Y, cuando aun así no llega a fin de mes, como suele suceder, queda el endeudamiento de alto grado que se produce en el corazón de los hogares, respecto del cual parece no haber problema. Como mucho, cuando se problematiza, la única solución que se plantea es más educación financiera.
Es decir, estamos ante un escenario rico en concentración económica y en tarjetas de consumo, y pobre en ingresos laborales.
Es en este contexto que el gobierno decide subir fuertemente los combustibles. La estrategia entumece en su crueldad y simpleza: que la crisis la paguen los de siempre, las familias trabajadoras.
El Banco Central ajusta hoy la inflación a 4,0% a fin de año (originalmente era 3,2%). Hoy es de 2,4%. Por tanto, respecto a la proyección inicial, el ajuste representa un 25% más. Para algunos, un número; para muchos, menos comida, menos margen de maniobra, menos calidad de vida.
Pero esto no termina aquí. Además, se anuncian rebajas de impuestos a grandes empresas y nuevas “facilidades” tributarias para cubrir las espaldas de quienes lo poseen todo y seguir sosteniendo la rentabilidad cuando aprieta la tasa de ganancia.
No se trata de que falten recursos. Es dónde están, quiénes los detentan y quiénes terminan pagando la cuenta. Porque, visto así, más que crisis y situación excepcional, esto parece un modelo funcionando exactamente como fue diseñado.
