Actualidad

Tras la muerte del pequeño Jahir Sánchez, de 3 años, tras consumir almejas contaminadas en la costa de Calbuco, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que sanciona a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados.

La iniciativa, que busca modificar la ley General de Pesca y Acuicultura, fue vista este lunes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fue despachada a su segundo trámite legislativo.

El proyecto obliga a que todo  apozamiento de recursos hidrobiológicos se informe al Servicio Nacional de Pesca. Esto, conforme a los requisitos que se establezcan mediante un reglamento.

Sanciones

El texto legal establece dos sanciones para quien extraiga, apoce a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas.

La primera sanción apunta a una pena de presidio menor en su grado medio (desde 541 días a 3 años y un día). La segunda, refiere a una multa de entre 20 y 50 UTM.

El mismo castigo se aplicará al que a sabiendas oculte el origen y/o destino de recursos hidrobiológicos extraídos. Ello, en contravención de la norma recién mencionada.

Si las conductas recaen respecto de recursos hidrobiológicos extraídos en zonas prohibidas afectadas por la presencia de veneno paralizante de los mariscos (VPM), la sanción será de presidio menor en su grado máximo (desde 3 años y un día a 5 años) y multa de 50 a 100 UTM.

Lo mismo en el caso de productos con toxinas derivadas de floraciones algales nocivas para la salud. En ambos casos, cuando dicha circunstancia fuese debidamente publicada por la autoridad.

Si a consecuencia de estas conductas se produce la muerte de alguna persona, las penas corporales se elevarán en un grado. En tanto, la multa podrá aumentarse hasta el doble del máximo señalado en cada caso.

Durante el debate, las y los legisladores, transversalmente, valoraron la iniciativa como un aporte para avanzar hacia una ley necesaria y urgente. Además, hicieron un llamado al Gobierno a mejorar los procesos  de fiscalización y entrega de facultades al aparato administrativo para ejecutarlas.

Asimismo, pidieron invertir en más tecnología en los ámbitos de la detección de los flujos marinos donde se encuentra la marea roja. También, en laboratorios de toxinas marinas en todo el sur de Chile que permitan acceder a diagnósticos rápidos y eficientes a aquellas personas que puedan estar contagiadas.