Columna de Opinión

El ministro de Hacienda Mario Marcel parece, en estos días de difícil debate presupuestario en el parlamento, empeñado en hacer de necesidad virtud.  La ausencia de mayoría parlamentaria del actual gobierno le obliga a hacer compromisos, como el reciente acuerdo de una rebaja de US$600 millones del gasto público para llevarlo en 2025 desde un aumento del 2,7% inicial al 2,0%. Son las realidades de la política. 

Pero no parece ponerse por delante la negativa persistente de la oposición a aprobar una reforma tributaria progresiva (rechazó la idea de legislar en marzo de 2023), lo que ha aumentado el déficit fiscal estructural, que se mantiene en todo caso en límites razonables.

Cabe preguntarse: ¿es necesaria tanta buena letra con los defensores del Estado mínimo cuando Marcel declara en tono positivo que "durante este periodo, si tomamos las cifras que están ahora en discusión para el Presupuesto 2025, en tres años acumulativamente el gasto público va a haber crecido menos de 7%, que para un periodo de tres años es el crecimiento más bajo que hemos tenido desde el retorno a la democracia"?

Se trata de un asunto de opciones de sociedad, en el que tiene poco sentido acoplarse a las modas tipo Milei, quien acaba de declarar que se opone al "hambre y la miseria que trae la intervención estatal" y que "la solución es correr al Estado del medio", desechando toda la evidencia en sentido contrario.

Milei ha reiterado sus temas en la reunión del G20 en Brasilia al oponerse a la proposición del presidente de Brasil, Lula Da Silva, de erradicar “el hambre y la pobreza", que para él "no son resultado de la escasez o de fenómenos naturales” sino de “decisiones políticas que perpetúan la exclusión". Propuso que los 3.300 mayores multimillonarios del mundo aporten un 2% de su riqueza anual para recaudar unos 200-250 mil millones de dólares destinados a combatir la pobreza, el hambre y los efectos del cambio climático.

Este es el tipo de política propia del progresismo en tanto alternativa a sumarse a la restricción de las capacidades redistributivas y ambientales del Estado propia de las posturas neoliberales. Por lo demás, en Chile esto ya se experimentó con los Chicago Boys en dictadura y su proyecto de destrucción del Estado inspirado en Friedman y Hayek.

Esto llevó el gasto en educación, salud, pensiones e infraestructura al mínimo, con un fuerte incremento de la desigualdad y un crecimiento inferior a las etapas democráticas previa y posterior. El PIB se ha multiplicado por cuatro entre 1990 y 2023 y por 2,6 por habitante, como nunca antes en la historia reciente, con más regulaciones y más gasto público, mientras la desigualdad ha tenido a disminuir desde su muy alto nivel inicial al recuperarse la democracia, aunque no todavía de modo suficiente. 

El gasto del gobierno general representó en Chile, según el FMI, un 27,4% del PIB en 2023, después de un máximo de 33,6% en 2021 durante la vigencia de los subsidios de emergencia a las empresas, el empleo y las familias, a comparar con el 21,0% de 1990.

Esa evolución ¿es positiva o negativa? Desde el momento en que no hay en Chile impuestos manifiestamente antieconómicos, el aumento anual del gasto público por sobre el del PIB, debidamente financiado (la deuda pública bruta era de 37% del PIB en 1990 y de 39% en 2023 y la deuda pública neta de 22% y  23% del PIB respectivamente, casi sin cambios luego de una etapa de baja importante y otra de aumento para enfrentar la crisis social y pandémica), es necesario para:

a) proveer más bienes públicos que aumenten el crecimiento sostenible, como infraestructuras, conocimiento, investigación y desarrollo tecnológico y educación; 

b) incrementar el bienestar general, mediante más gastos en salud, cultura, vivienda, equipamiento urbano, descontaminación y preservación de la naturaleza y 

c) disminuir las desigualdades, mediante el  financiamiento de redistribuciones que permitan ingresos básicos universales y mayores programas para la niñez, las mujeres discriminadas, las personas excluidas, los adultos mayores y los territorios desfavorecidos. 

La corriente neoliberal sostiene que esas acciones públicas provocan pérdidas de crecimiento, lo que es históricamente falso. Las afirmaciones de esta corriente sirven de justificación para los que privilegian la expansión de la gran empresa que procura liberarse de cargas y regulaciones, aunque implique menos crecimiento y más concentración de mercados, alta desigualdad y depredación ambiental.

La idea que el crecimiento solo se produce si los mercados evolucionan con un mínimo de regulaciones y bajos impuestos y gastos, no tiene asidero en la historia económica. Este tipo de crecimiento, además, no crea un bienestar equitativo y sostenible. Los períodos de mayor crecimiento de las economías prósperas en el siglo XX coincidieron con los de mayor expansión de los gastos públicos, y no al revés, lo que sigue ocurriendo en lo que va de siglo XXI.

En promedio, los países de más altos impuestos son los de mayor PIB por habitante, pues como señala el premio Nobel Paul Romer, "si uno mira los hechos, no es cierto que sea mejor dejar todo al mercado (...). En vez de ver al gobierno como el problema y de que hay que sacarlo del camino, tenemos que reconocer que no podemos progresar a menos que tengamos un gobierno que hace su trabajo." 

Recordemos que entre las economías avanzadas, según los datos del FMI para 2023, Francia y Finlandia alcanzan un gasto público de 57% del PIB, Bélgica de 55%, Italia de 54%, Austria de 52% y Alemania de 48%, país que los conservadores suelen citar en Chile como modelo, mientras algún empresario de origen alemán como Holger Paulmann se permite afirmar, contra toda evidencia, que “si seguimos aumentando más el gasto público que el crecimiento vamos a terminar como Argentina”.

Los datos para Dinamarca y Suecia son de 47%, Noruega 46%, España 45%, Reino Unido 44%, Países Bajos 43%, Portugal, Nueva Zelandia y Canadá 42% y Japón 41%. Todos estos países cuentan con altos indicadores de PIB por habitante y bienestar. Mientras, en Australia y  Estados Unidos el gasto público representa un 38% en 2023, muy por encima del nivel chileno.

En todo caso, muchos países ya tenían gastos públicos proporcionalmente más altos que los de Chile hoy con un ingreso por habitante más bajo. Suiza y los países asiáticos prósperos, por su parte, tienen Estados de bienestar menos desarrollados y una carga pública menor al promedio, pero ostentan una desigualdad antes de impuestos y transferencias menores que el resto de los países de altos ingresos.

La propia OCDE señala que "un sistema fiscal eficiente no solo genera los ingresos necesarios para financiar servicios públicos, sino que también puede apoyar metas de desarrollo. Por ejemplo, puede ayudar a combatir los flujos financieros ilícitos, reducir la desigualdad mediante la redistribución y abordar objetivos de salud y medioambiente". No es algo para olvidar, aunque se produzca alguna previsible altisonancia en el debate parlamentario chileno.