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El Gobierno pidió la renuncia al seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Rodrigo Hernández, tras verse involucrado en el traspaso de fondos a fundaciones.

Tras su salida, Hernández emitió una carta en el marco del denominado "Caso Convenios" donde explicó los hechos y señaló que no cometió ninguna irregularidad.

La exautoridad aseguró tener "la tranquilidad absoluta de que las interrogantes que han dado origen a la investigación sobre los convenios de campamentos en nuestra región, habrán podido dilucidarse con los antecedentes que han sido puestos en conocimiento de nuestras autoridades".

Agregó que "no solo no he intervenido en ninguna parte del proceso que se haya llevado a cabo para la suscripción de convenios asociados a la Fundación en la que trabajé antes de ser autoridad, sino que el equipo de la región, compuesto por funcionarios de carrera, han asumido en todo momento que mi inhabilidad y deber de abstención e imparcialidad, se debía ejercer de manera preventiva y automática".

En relación a los hechos que favorecieron a la fundación Urbanismo Urbano, en la cual donde trabajó antes de llegar al Gobierno, y que terminó con su salida del cargo, aseguró que su actuar fue una "falla administrativa", debido a que no se percató.

"El 24 de noviembre de 2022, firmé la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en ese registro, sin percatarme de que se trataba de una entidad dependiente de la Fundación en la que trabajé;(...)  Soy consciente de que debí prestar atención a dicha renovación, y pese a que dicha renovación de vigencia no supone ninguna clase de transferencia directa de recursos de ninguna naturaleza de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, se trata de un acto administrativo en el que debí abstenerme, tal y como lo hice en todo otro momento, respecto de dicha Fundación, en otros procesos más sensibles en esta misma repartición pública", aseguró.

"Quiero ser enfático en que esta circunstancia se trata de una falla administrativa que asumo total y exclusivamente yo, a título personal, y que, al ser la jefatura máxima de la Región del Ministerio, más aún en un contexto de desconfianza hacia la relación del Estado con la sociedad civil, resulta del todo necesario responder con mi responsabilidad política, que no puede ni debe extenderse al resto del Servicio Público", añadió.