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La Fiscalía Nacional entregó un nuevo informe que analiza los delitos ocurridos en el contexto del estallido social entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. El documento, elaborado por la División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos del organismo, contabilizó 32.901 causas correspondientes a 35.146 delitos registrados en todo el país.

Según el informe, los hechos delictivos involucraron a 21.766 imputados conocidos y 20.727 víctimas, de las cuales 19.979 fueron personas y 748 correspondieron a empresas o instituciones. La mayor concentración de delitos se produjo en los meses de octubre y noviembre de 2019, con un 37% y 35,1% del total, respectivamente, mientras que en marzo de 2020 se observó un nuevo repunte, alcanzando un 10,2% de los ingresos al Ministerio Público.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la identificación de los delitos de violencia institucional ejercida por agentes del Estado como el fenómeno con mayor frecuencia de denuncias. Estos representaron el 34,1% del total de delitos ingresados, superando a los saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%), a los desórdenes públicos (22,7%), y a los maltratos hacia funcionarios policiales (9,4%). Los incendios asociados al contexto de protesta alcanzaron un 2,1% de los casos.

Respecto a la cantidad de delitos según tipología, aquellos relacionados con violencia institucional -denuncias por delitos cometidos por agentes del Estado contra particulares-, registraron 11.506 casos, dentro de los cuales se identificaron 12.002 delitos.

En tanto, dichas causas contemplan 11.183 víctimas naturales y 958 imputados conocidos. Del total de delitos ingresados por violencia institucional, la mayoría corresponde a apremios Ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, alcanzando el 70,4% del total de delitos que corresponden al fenómeno. En segundo lugar, se registró un 20% de delitos de abusos contra particulares.

Con porcentajes menores, pero importantes de relevar dada su gravedad, se encuentran los delitos de torturas cometidas por funcionarios públicos (211 delitos), lesiones graves (226 delitos), entre otros. Respecto a las víctimas de trauma ocular, se registraron 464 víctimas de trauma ocular con distinto grado de severidad en cuanto a las lesiones sufridas. De estas víctimas, el 87% eran hombres y el 13% mujeres, mientras que el 92% eran mayores de edad y el 8% eran menores de edad al momento de la ocurrencia del delito.

DENUNCIAS

En cuanto a la distribución territorial, las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, con la Fiscalía Metropolitana Oriente a la cabeza (14,7%), seguida por Centro Norte (13,2%), Occidente (10,2%) y Sur (8,9%). En regiones, Valparaíso (8,6%) y Antofagasta (7,8%) registraron también una importante cantidad de denuncias.

El estudio da cuenta de la magnitud de los hechos que marcaron el estallido social y de la complejidad de las investigaciones que aún permanecen en curso, especialmente aquellas relacionadas con la actuación de agentes del Estado en el control del orden público.

Desde el Ministerio Público señalaron que estos datos permiten dimensionar no solo el impacto judicial del estallido, sino también la necesidad de seguir avanzando en causas de derechos humanos que aún buscan justicia.