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Durante esta jornada se supo que el Juzgado de Garantía de San Bernardo fijó para el próximo 18 de abril la audiencia de formalización de la funcionaria judicial Carolina Roldán Berríos, quien está imputada por “alterar maliciosamente” la causa archivada referente a un hurto ocurrido en 2005 y en donde aparece el nombre del Presidente electo, Gabriel Boric. 

El caso al que se hace referencia indica que en ese entonces, el diputado de CS (que en ese entonces tenía 19 años) tomó una “promo” desde un supermercado Líder, que no pagó, por lo que fue detenido.

En 2015, el futuro mandatario se refirió del hecho a través de su cuenta de Twitter, señalando: “A los 19 cometí el error de no pagar una promo. Me pillaron y detuvieron como corresponde. La UDI lo compara con el caso Penta. Juzgue usted...". 

Según informa La Tercera, la Fiscalía Metropolitana Sur decidió imputar a la citada mujer bajo el cargo de sabotaje informático, un hecho que ocurrió en octubre de 2021, en días de plena campaña presidencial.

En el escrito ingresado esta semana en el tribunal de San Bernardo, el fiscal regional, Héctor Barros, señaló: “El día 27 de octubre del año 2021, a eso de las 22:05 la imputada Carolina Roldán Berríos, empleada pública, desempeñándose como funcionaria del Juzgado de Garantía de San Bernardo y utilizando el computador institucional del Poder Judicial asignado accedió indebidamente a la base de datos del sistema informático (...) con la intención de conocer la causa del Juzgado de Garantía de Punta Arenas seguida por el delito de hurto en contra del sr. Gabriel Boric la que se encontraba en estado de terminada, causa a la cual no le estaba permitido el ingreso".

"A las 22:14 horas alteró maliciosamente los datos contenidos en dicha causa", continúo.

"Por hurto en contra de Boric y reemplazaron la documentación para que no se supiera qué tenía, averiguar", se indicaba en el escrito incorporado por Roldán a la antigua causa.

El "hackeo" reemplazó en el Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAG) la resolución en que se visaba el archivo de la indagatoria luego de que en 2005 la fiscalía aplicara el principio de oportunidad -por estimar que el hecho no comprometía gravemente el interés público y que se cumplían requisitos legales respecto de la pena- y decidió no seguir adelante con la persecución penal.

Al respecto, Roldán invocó su derecho a silencio y no ha entregado ninguna declaración al respecto.