Columna de Opinión

Es un hecho que el volumen de migrantes ha aumentado sostenidamente en Chile. Esto ha impactado en la composición del padrón electoral. Según datos oficiales del SERVEL, para el plebiscito constitucional de 2020 se registraron 378.829 migrantes habilitados para votar, creciendo a 414.920 para las elecciones locales y de convencionales de 2021, y a 449.919 para las últimas elecciones presidenciales.

Recientemente, se publicaron los datos actualizados para las elecciones de consejeros constitucionales. Los migrantes habilitados para votar crecieron a 595.793. Para comprender el peso relativo de los migrantes en el padrón, si en 2020 representaban un 2.56%, en 2023 subieron a 3.93%.

Muy probablemente, para los comicios locales del próximo año el porcentaje de migrantes en el padrón se aproxime al 5%. Adicionalmente, se ha producido un cambio en la composición de ese padrón migrante, con un crecimiento muy significativo de la población venezolana que ya ocupa el tercer lugar luego de los peruanos y colombianos.

Dado que el ingreso de venezolanos ha sido sistemático, no sería sorprendente que en el corto plazo desplacen a los colombianos y disputen el primer lugar con los peruanos. De acuerdo a las cifras oficiales, los peruanos habilitados para votar totalizan 177.323, seguidos de los colombianos con 79.184, y los venezolanos con 66.142.

Estos datos conducen a una interpretación adicional. ¿Qué tan decisivos podrían ser los migrantes en los próximos comicios municipales? Pongamos como ejemplo la comuna de Santiago, que es la que acumula el mayor volumen de extranjeros habilitados para votar, sumando 90.284. En términos porcentuales, esa cifra representa un 25.8% del padrón. Sí. Leyó bien: 25.8%.

La comuna de Santiago tiene un padrón total de poco más de 350 mil personas, y dado que constituye un lugar neurálgico de la región y un polo atractivo para los migrantes, es probable que la cifra siga creciendo. Estos datos cobran aún mayor interés en el contexto del régimen de inscripción automática y voto obligatorio.

Los migrantes habilitados para votar, en su condición de ciudadanos, tienen las mismas exigencias que un nacional. Si están inscritos en el padrón, tienen la obligación de votar, a no ser que estén en condiciones de pagar la multa que va de 0.5 a 3 UTM. Es decir, entre 32 mil y 190 mil pesos. Si consideramos que gran parte de los migrantes que llega a la capital lo hace en condiciones económicas desmejoradas, lo más probable es que decidan votar.

En las últimas elecciones de alcalde por Santiago la diferencia entre Irací Hassler y Felipe Alessandri fue cercana a los 4 mil votos. Por cierto, esta elección se hizo en el marco del régimen de inscripción automática y voto voluntario, sufragando tan sólo el 35.1% del padrón. Sin embargo, con la restitución del voto obligatorio la participación aumentó al 67.9% en el plebiscito de salida y luego decayó levemente al 65.8% en las elecciones de consejeros constitucionales.

¿Qué nos indican estos resultados? Principalmente tres cosas. Primero, que al igual que en el resto del país, la participación aumentó considerablemente junto con el voto obligatorio. Segundo, que los migrantes pasan a ser un grupo de total interés para los líderes políticos. Tercero, que la composición de esta migración ha variado sustantivamente, en especial por el empuje de la población venezolana.

Esta incorporación de los migrantes al proceso de deliberación democrática, no obstante, reviste algunos peligros. No podemos descartar, por ejemplo, que un candidato a alcalde por Santiago presente una agenda anti-inmigración, limitando incluso con posturas xenófobas. Es decir que, en lugar de buscar el voto migrante, decida contraponerse al mismo, generando adhesión de los electores más conservadores y de aquellos que vinculan la migración con la delincuencia.

El desafío para la democracia, entonces, pasa por equilibrar los procesos de incorporación y las dinámicas de representación política, evitando una polarización nociva, sancionatoria, y discriminadora frente a los extranjeros avecindados en Chile.