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El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de la concejala Paz Fuica y modificó sus medidas cautelares en el marco de la investigación del denominado caso convenios, en su arista Democracia Viva.

De este modo, el tribunal levanto su prisión preventiva y dispuso en su reemplazo que quede bajo la cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras continúan las indagatorias por los delitos de fraude al Fisco en calidad de reiterados.

De este modo, Fuica quedó con las mismas medidas cautelares de los otros dos imputados en esta causa: el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y el exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade.

La mujer, suspendida militante de Revolución Democrática, cumplía prisión preventiva desde el 12 de enero, pudo regresar a su casa en virtud de los nuevos antecedentes que fueron ponderados por el tribunal.

Entre ellos se incluye la declaración que prestó el miércoles 28 de febrero por casi cinco horas, en la que detalló cuál fue su rol al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y cómo fue que Democracia Viva terminó adjudicándose más de los convenios que inicialmente se había previsto.

Según su testimonio, recogido por La Tercera, el tercer convenio suscrito por la Seremi con Democracia Viva sería ejecutado inicialmente en conjunto con Fundación Fibra y como ésta desistió, lo haría con otra organización: Creo Antofagasta. A su vez, esta última desistió, argumentando que “no se enfocaba en el área que ellos trabajaban”.

“Al no tener asignado dicho convenio, en una de las reuniones con el seremi (Carlos Contreras) me pregunta si es posible dividir el convenio, ya que eran muchos los campamentos en los cuales trabajar; le señalé que no tenía conocimiento, por lo que le consultó a Yasna Contreras y ella a nivel central Minvu e indicó que sí era posible la división del convenio”, relató, convenio que después sería ejecutado con la ONG Tomarte.