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La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago la acusación formal contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por una serie de delitos de corrupción que incluyen fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible. En conjunto, el Ministerio Público solicita penas que superan los 23 años de cárcel.

Según el escrito acusatorio, Barriga habría participado en un fraude al fisco cercano a los 33.500 millones de pesos durante su gestión municipal. Por este delito, la fiscalía solicita una pena de 10 años y un día de presidio. A ello se suman 7 años por falsificación y uso de instrumento público falsificado, 5 años y un día por malversación reiterada de caudales públicos y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.

En entrevista con el programa Línea 1, el abogado penalista Mauricio Daza sostuvo que este caso se inserta en una problemática más amplia relacionada con la persecución de delitos de corrupción en Chile. A su juicio, históricamente ha existido una cultura institucional de impunidad frente a ilícitos cometidos por altas autoridades.

“En Chile existe una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por altas autoridades. Y eso viene desde décadas”, afirmó Daza, agregando que este contexto explica, en parte, la percepción ciudadana de un trato desigual en la aplicación de medidas cautelares.

El abogado reconoció que esta situación ha comenzado a cambiar en la última década, aunque persiste el peso de prácticas arraigadas en el sistema judicial. “Eso explica que en muchos casos las personas, con justa razón, sostienen que acá hay un trato diferenciado”, enfatizó.

Daza también abordó la estrategia adoptada por la defensa de la exalcaldesa, la que, a su juicio, no se limita al plano judicial. Según explicó, existe una combinación de acciones legales, políticas y comunicacionales orientadas a instalar la idea de que Barriga sería víctima de una persecución.

“Claramente la estrategia de la defensa involucra una estrategia jurídica, que es básicamente las presentaciones que hacen ante tribunales, una estrategia política, y aparece Joaquín Lavín hablando y tratando de hacer una gestión a partir de la cual aparezca ella como víctima”, señaló.

En ese contexto, el penalista apuntó al rol que cumple el suegro de la imputada, Joaquín Lavín Infante, como figura clave en el despliegue público de esta narrativa. A ello se suma, según Daza, una estrategia comunicacional destinada a influir en la opinión pública, instalando la idea de una supuesta conspiración en contra de la exalcaldesa.

No obstante, el abogado recalcó que más allá de las medidas cautelares lo central del proceso está en la gravedad de los hechos imputados y en la prueba que deberá evaluarse en el juicio oral.

“Finalmente, acá nos encontramos frente a hechos que son relevantes, más allá de las medidas cautelares”, concluyó.