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El Ministerio de Transportes presentó esta semana el plan piloto del sistema de pago a través de sistema de reconocimiento facial, cuya tecnología podría dar un gran paso para reemplazar la tarjeta Bip! y el pago con QR.

Según las autoridades, se trata de una cámara que está conectada a un computador, que incluye un sistema que puede detectar la cara del pasajero con un 98% de efectividad.

El mecanismo permite reconocer al usuario inclusive si va con mascarilla, accesorios para la cara, o si tiene cambios de peinado o barba. La idea de la propuesta, que ya funciona en algunos recorridos del servicio 406, es combatir la evasión, aportar en seguridad y detectar el mal uso de beneficios en el sistema.

Sin embargo, este proyecto puso en alerta a los expertos ya que podría poner en riesgo la privacidad de los usuarios del transporte público, más aún en el caso de que se utilicen los datos obtenidos para fines distintos al pago de la micro.

“Existe un riesgo latente y podría darse que el reconocimiento facial, sin controles adecuados y de seguridad, puede ser empleado para vigilancia masiva, perfilamiento social, entre otras aplicaciones. Podría darse que, si hay una baja supervisión institucional, por parte del gobierno o de las instituciones, esta tecnología podría ser utilizada más allá de su propósito inicial. Por ejemplo, podría ser utilizada para fines policiales, comerciales, sin consentimiento explícito”, comentó a Diario Usach Gustavo Alcántara, especialista en telecomunicaciones y aplicaciones de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile.

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Según el experto, es muy importante que los y las usuarias que decidan exponer su rostro tengan claro cuál será el fin real de este sistema, y bajo un consentimiento asumir los eventuales riesgos que podría tener este nuevo sistema de pago.

“El principal desafío ético está en una potencial erosión del derecho de la privacidad y a la vigilancia permanente de las y los usuarios sin una causa justificada. Entendiendo que se está utilizando exclusivamente para fines que tienen que ver con subir a un transporte público, ser identificado y realización de un cobro asociado de manera automatizada. Desde el punto de vista legal, los desafíos incluyen, por ejemplo, la implementación de un consentimiento que sea informado, que sea real, que sea transparentado”, comentó el académico.

Cabe señalar que, en agosto de 2024, el Congreso aprobó la ley de Protección de Datos Personales, legislación que regula la protección y el tratamiento de este tipo de información y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

En esta iniciativa quedó establecido que los datos biométricos son “datos personales sensibles” y que “todo tratamiento de datos personales que realice una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos, debe respetar los derechos y libertades de las personas y quedará sujeto a las disposiciones de la ley”.

“Deben implementarse medidas como anonimización, auditorías externas periódicas a modo de asegurar que se cumpla el fin y no se utilice de forma abusiva los datos recolectados”, sostuvo Alcántara.