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La Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) manifestó su preocupación ante la propuesta de generar gravámenes tributarios al sector servicios como una forma de financiar el primer paso para una pensión universal, esto en el marco de la discusión en torno a la ley corta de pensiones presentada por el Ejecutivo.

Recordemos que el proyecto del Gobierno propone modificar el régimen impositivo en áreas bursátiles, del sector de la construcción, seguros de vida e IVA a los servicios, para así fortalecer el pilar solidario.

El presidente de la Asech expresó: "Esta ley corta, que el Ejecutivo está enviando, va por el camino incorrecto desde el punto de vista del emprendimiento y del fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al ecosistema emprendedor. Cómo Asech estamos en contra de este nuevo impuesto que afectará a muchos emprendedores que se encuentran en una situación muy desmejorada".

Para el gremio hay puntos relevantes a considerar y que son perjudiciales para las pymes y mypes de Chile. Primero, señaló Rivas, “es necesario poner en contexto que agregar un gravamen de IVA al sector servicios, uno de los más golpeados por la crisis económica producto de la pandemia, desde nuestra perspectiva, es una contradicción inexcusable cuando queremos la recuperación económica de esos sectores y “fortalecer los segmentos de mipymes de nuestra economía”. 

El dirigente agregó que lo anterior “es una política discriminadora para los prestadores de servicio, ya que ellos proveen un servicio que se desarrolla en base a su capacidad intelectual, el que no puede ser afectado con IVA y, por ende, no posee IVA crédito en el proceso productivo”. 

Un segundo tema a considerar es que “las empresas de servicios no cuentan con una estructura tributaria que pueda mitigar los efectos del pago de IVA del mismo modo que aquellas dedicadas al comercio de tangibles.

Y en esa línea, el tercer reparo dice relación con la Ley de Pago a 30 días, que en la práctica y en términos estrictos, no se respeta (en promedio se hace efectiva a los 59 días). “La ley de Pago a 30 días no está funcionando como debiera a 30 días, algo que ya es complejo para el mundo emprendedor. Si a eso le sumamos ahora un impuesto que tendrá que ser financiado con capital de trabajo del emprendedor (prestador de servicios), de la pyme, y que será recuperado en 60 días más, nos da como resultado una fórmula simple: seguimos financiando el capital de las grandes empresas, sumando ahora a los pequeños prestadores de servicios en la cadena”, señaló Rivas.