La nueva ley que restringe el uso de armas en espacios públicos en Nueva York, y que incluye la popular zona de Times Square, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre luego de que fuera firmada por la gobernadora Kathy Hochul, poco después de ser aprobada el viernes por la legislatura del estado.
La acción de Nueva York es en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que la pasada semana avaló que se pueda llevar armas en público en todo el país.
La legislatura también votó a favor de elevar el derecho al aborto en la Constitución del estado, pero la medida tiene que ser sometida a referéndum en dos ocasiones, coincidiendo con las dos próximas citas legislativas, la primera de ellas el próximo noviembre.
Tras dos días de extenso e intenso debate de una sesión especial convocada por la gobernadora, la legislatura estatal, de mayoría demócrata, aprobó el viernes un paquete de medida para restringir el uso de armas en espacios públicos, que incluye lugares donde se reúnen los niños, el metro, centros de salud, universidades y colegios, teatros, parques y estadios.
También zoológicos, hogares de ancianos, albergues para víctimas de violencia doméstica, casas de culto, propiedades privadas como bares, restaurantes o residencias, a menos que el dueño de la propiedad permita expresamente las armas de fuego con un letrero.
La legislación también impone nuevas condiciones para obtener un permiso para un arma de fuego, incluido el requisito de 16 horas de entrenamiento sobre manejo del arma y dos horas de entrenamiento en un campo de tiro.
A su vez, se establecen nuevos requisitos para el almacenamiento del arma en hogares y vehículos y penas de hasta cuatro años de prisión por infringir las medidas.
En este sentido, se creará una junta de apelación para aquellos solicitantes cuya licencia o renovación sea denegada o revocada, la cual entrará en vigor el 1 de abril de 2023.
La decisión del Supremo surgió de una demanda interpuesta por Robert Nash y Brandon Koch, y la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York, una filial de la Asociación Nacional del Rifle.
La acusación demandó a este estado por prohibir llevar armas de fuego en público, pese a que permite a sus residentes llevarlas ocultas en la calle con una autorización especial si alegan una necesidad específica de autodefensa.
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