Por Daniela Figueroa Videla
La emergencia sanitaria ha provocado que cada vez más personas deseen acogerse a la ley de insolvencia y reemprendimiento, antiguamente conocida como ley de quiebras. De este panorama financiero conversó Sin Tacos Ni Corbata con el abogado Benjamín Jordán, coordinador de la red de expertosendeudas.cl.
Jordán señaló que antes no era fácil que una persona natural se pudiera declarar en quiebra, pero que con esta ley se abre la posibilidad de que también lo hagan personas jurídicas como las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro.
El abogado explicó que para que una persona natural se declare en quiebra tiene que tener dos o más acreedores (una multitienda y banco, por ejemplo). Además tiene que tener una deuda superior a 80UF, cerca de 2 millones 300 mil pesos.
Informó que se han generado proyectos de ley para disminuir este monto; recordando que tanto el diputado Durán como la senadora Rincón lo quieren bajar para ingresos mínimos a un 1 millón 200 mil pesos. Y como tercer elemento para declararse en quiebra, Jordán mencionó que las deudas morosas deben estarlo por unos 90 días.
Explicó que si las personas naturales quieren renegociar sus deudas en la Superintendencia de Solvencia y Reemprendimiento, sus deudas no deberían tener demandas notificadas judicialmente, y por el contrario, si quieren liquidar, es decir, declararse en quiebra entregando todos sus bienes para extinguir sus deudas, debería tener al menos una demanda judicial.
En el marco de la pandemia Benjamín Jordán comentó los créditos ofrecidos por el gobierno como ayuda, no han tenido buen impacto porque la gente ya no quiere repactar dado el nivel de sobre endeudamiento. “Es bueno optar a la ley de quiebra o asesorarse pero no pagar deuda con deuda” dijo el experto.
Sobre las pymes en particular (muchas de las cuales cuentan con un rut de personal natural), señaló que se pueden acoger a esta ley de insolvencia existiendo distintos tipos de procedimientos, donde las empresas podrían reorganizarse o podrían liquidarse (paga sus deudas y cierra la empresa). Comentó que como la reorganización judicial implica muchos gastos para las empresas, solo las grandes han podido pagar estos altos costos, por eso se están generando proyectos de ley para bajar esos montos para que las pymes puedan también reorganizarse.
Jordán comentó además que 8 de 10 emprendimientos fracasan en el primer año, y que los que están pudiendo prosperar son aquellos negocios o empresas “livianos” donde las personas entienden que si un emprendimiento no funciona y quiebra, comienzan con otro obteniendo el conocimiento y nunca pierden. “Gana o aprende” dijo el abogado.
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