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La Fundación en Señas del Instituto de la Sordera (INDESOR), junto a la Misión de Chile ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, fueron convocados a una audiencia pública en Washington DC, ante abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para exponer sobre la situación de vulneración de derechos de las personas sordas en Chile, específicamente en los ámbitos educativos y de salud mental.

Las barreras de comunicación y exclusión sistemática que experimentan las personas sordas se han traducido históricamente en dificultades para el acceso y goce pleno de sus derechos de educación, salud, trabajo, participación política, impactando diversos ámbitos de una inclusión plena en la vida social.

Marcelo Salamanca, especialista en salud mental e inclusión, representante de INDESOR y responsable de exponer ante la Comisión, dio cuenta de las falencias del sistema educativo respecto de la inclusión de las personas sordas en el país, además de la necesidad de acceso a salud mental para esta población: “Estos temas son cruciales en materia de derechos humanos, aun cuando no son los únicos, el impacto que estos tienen en la vida de las personas es tan nefasto que, de no tomar cartas en el asunto, continuaremos presenciando consecuencias devastadoras no sólo para las personas sordas, sino también para todo su entorno”, señaló.

En Chile, la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad establece la inclusión educativa de estudiantes sordos. Actualmente se garantiza el respeto de los derechos de la niñez sorda a ser educada y tener acceso al plan de estudios nacional en Lengua de señas chilena (LSCh) como su primera lengua. Sin embargo, cifras del Ministerio de Educación indican que el 87% de los establecimientos que reciben niñas y niños sordos no cuentan con intérpretes o educadores que manejen lengua de señas. Además, el 70% de estos establecimientos tiene solo un estudiante sordo, lo que implica que éste se ve obligado a desenvolverse en contextos completamente auditivos, donde la información se entrega de manera oral, en una lengua que no comprende y que no le permite interactuar con su comunidad educativa de manera equitativa. Como resultado, en promedio, las personas sordas adultas presentan un nivel lector que no sobrepasa el equivalente a un cuarto básico.

En representación del Estado de Chile, Sebastián Kraljevich, embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que “el Estado de Chile trabaja desde la comprensión que pese a los importantes esfuerzos en materia sanitaria y educativa en relación al ejercicio de los derechos de las personas sordas y las personas con discapacidad auditiva, aún queda un largo camino por recorrer a fin de consolidar los avances y generar condiciones óptimas para el bienestar, desarrollo integral, aprendizajes y ejercicio de derechos de este grupo de la población".

Pamela Molina, chilena, persona sorda y especialista en derechos de las personas con discapacidad recalca: “el acceso a la educación, así como el acceso a una atención en salud -y salud mental- de calidad, son derechos humanos básicos. El derecho de la infancia a su propia lengua, es también un derecho humano, y todos ellos les han sido arrebatados a las personas sordas desde su primera infancia. Chile tiene una deuda con la comunidad sorda. La ley sola no basta: hay que asignar presupuesto y generar un protocolo claro para implementar la ley”.

Algunas de las cifras más alarmantes reveladas en la audiencia, en materia de salud mental y bienestar de esta población, señalaban que entre el 40% al 50% de niñas, niños y adolescentes sordos experimentan desafíos emocionales o conductuales. Esto es dos veces la prevalencia encontrada en la población oyente, la cual se aproxima al 25%. Aun siendo mayor su situación de vulneración, menos del 10% de la población sorda recibe atención en salud mental. Dado el tema de la incomunicación en que se encuentran, la población infantil sorda son el grupo más expuesto, con hasta cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de alguna agresión física y/o sexual.

Entre los avances esperados se señala que el Plan Nacional de Salud Auditiva y Cuidado del Oído para Chile, establece como meta para el 2025 lograr que un 40% de las personas funcionarias de la red de salud se encuentren capacitadas lectura labiofacial y lengua de señas chilena, lo cual aumentará a un 70 % para el año 2027.

Además de la falta de información y capacitación del sistema público en materia de inclusión, uno de los planteamientos centrales de las demandas expuestas tuvo que ver con las barreras de comunicación para acceder al derecho a educación y salud de las personas sordas, y cómo esto se vincula a la falta de reconocimiento de la comunidad sorda como una minoría lingüística y cultural:

“En Chile se desconocen los mínimos necesarios para la implementación de un modelo intercultural bilingüe en educación, el que implica desarrollar al máximo dos lenguas distintas”, señala Salamanca. “Si una persona sorda u oyente es privada de aprender su lengua natural en la primera infancia, tendrá dificultad a lo largo de todo su ciclo de vida para aprender cualquier otra lengua e impactará negativamente su desarrollo humano y la calidad de su inclusión social, académica y posteriormente laboral. Esto es lo que nosotros llamamos privación lingüística de la infancia sorda, la cual constituye una violación fundamental de un derecho que la comunidad oyente tiene por garantizado: el derecho a la lengua”, recalcó el especialista.