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Por Francisca Delgado Ruz

Estación Central conversó con el abogado José Henríquez Muñiz, director de la Asociación Pensamiento Penal Chile, sobre la solicitud que presentaron a la Corte de Apelación de Santiago para que permita a un grupo de personas privadas de libertad acceder a los comicios este 15 y 16 de mayo. “Esta acción la presentamos el 23 de octubre del año pasado, 2 días antes del plebiscito. Han pasado 203 días a la fecha y el Poder Judicial no ha resuelto los recursos. Gendarmería indicó su disponibilidad para generar condiciones, pero la traba la ha puesto el Servel", denunció.

El experto detalló que la Corte de Apelaciones denegó la orden de no innovar “bajo una resolución judicial de dos líneas donde no se fundamenta la decisión y 13 mil personas privadas de libertad no tienen el acceso a sufragar estando habilitados constitucionalmente”. Y explicó que la actual Carta Magna permite votar a imputados en proceso de investigación sin condena junto a condenados con penas inferiores a 3 años.

“La Corte Suprema ordenó al Estado generar las condiciones para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a voto, pero hay una situación constante de desacato de la orden judicial por parte del Servel y Gendarmería. Y el Estado incumple tratados internacionales”, sostuvo el abogado especialista en Derecho Penal y DD.HH.

Henríquez Muñiz apuntó que llevarán el caso “por la vía internacional interponiendo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado por la vulneración de derechos”. Y considera que hay dos soluciones a la problemática: “Establecer mesas en los recintos penitenciarios, aunque es difícil que suceda o generar traslados a los locales de votación para las personas que lo deseen”. Y planteó la necesidad de abordar esta discusión en la convención constituyente.

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