Por Daniela Figueroa Videla
El Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, rechazó la propuesta del gobierno de inyectar 10 mil millones de dólares a un nuevo plan económico y social para enfrentar la pandemia, sosteniendo que “el gobierno sigue subestimando la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal para superar la pandemia”. De esta visión y la necesidad de otras medidas macroeconómicas conversó Sin Tacos Ni Corbata con el economista e integrante del foro, ex director de la división de comercio internacional e integración de Cepal, Osvaldo Rosales.
Lo primero que aclaró fue que de esos 10 mil millones de dólares sólo 3 mil millones de dólares se utilizarán este año y además que este monto no significa un mayor gasto fiscal, sino que “meras reasignaciones. Por lo tanto no están representando ningún esfuerzo fiscal”.
El economista señaló que hace tres meses, miembros del foro, organizaciones sociales y partidos de oposición, vienen pidiendo un Ingreso Familiar de Emergencia que cubra el nivel de la línea de pobreza que el mismo gobierno ha definido, que equivale a 370 mil pesos mensuales para una familia para 3 personas y 450 mil pesos para una de 4 personas.
Señaló que lo crucial es comprender que hasta que no se supere la pandemia no se puede hablar de reactivación de la economía, por lo tanto hay que inyectar recursos en todas las medidas sanitarias. “La política fiscal debe ser mucho más efectiva ahora, mientras antes controlemos la pandemia, vamos a recuperarnos mejor. Pero la idea malentendida de austeridad del Ministerio de Hacienda lo único que está haciendo que la crisis dure más. La lucha contra la pandemia se juega en los próximos tres meses” sostuvo Rosales.
Explicó además que dentro del plan fiscal propuesto por los economistas del foro por un desarrollo justo y sostenible se estipula un programa económico y social con cuatro ejes: apoyo al ingreso a las familias; defensa del empleo; apoyo a las Pymes y apoyo a los municipios.
Sobre los créditos Fogape, Rosales sostuvo que las Pymes cuentan con problemas de acceso y cobertura (sólo empresas bancarizadas, sin deuda impagas y con ciertos flujos de ingresos). Dijo que los Fogape para Pymes “traen una trampita, porque en realidad pueden acceder a ellos empresas que venden hasta 3 millones de dólares mensuales, 2400 millones de pesos mensuales”
Respecto al reciente anuncio de los llamados Fogape Plus para las grandes empresas, sostuvo que “la operación de rescate para grandes empresas debe ser posterior a asegurar condiciones mínimas que garanticen subsistencia digna para todos los habitantes del país. Sería muy poco presentable que hubiera una gran dedicación del gobierno por rescatar a grandes empresas cuando se están cayendo miles y miles de pequeñas empresas”.
Trajo a colación que “la experiencia europea muestra que hay algunos criterios de elegibilidad para concurrir al rescate de estas empresas, lo primero tener domicilio legal en Chile”. Rosales aludió el caso de LATAM y se preguntó: “¿Vamos a estar apoyando a una empresa que define que su domicilio legal está en Estados Unidos? No sé, me parece bastante extraño”.
“Si el Estado concurre con aumento de capital al salvataje de esa empresa debería tener una representación en el directorio para asegurar que no se destinen recursos a los accionistas originales” concluyó.
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