“Con dos días de los derechos de agua que benefician a la minería o a empresas de paltas, se volvería a llenar el embalse”, advirtió González, al tiempo que entregó luces con respecto a los derechos de propiedad de agua existentes en Chile.
“El agua potable depende de la buena voluntad de los privados (...) Tenemos que pagarle a un privado por algo que le entregamos gratis”, dijo.
La vocera de Greenpeace advirtió que hoy hay 350 mil personas, especialmente en zonas rurales, que no tienen cómo protegerse de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y que la sequía no puede seguir cubriendo el debate de fondo, acerca de la propiedad otorgada gratuitamente por el Estado sobre los cursos de agua a la gran industria, privados y empresas.
“Esta realidad puede llegar pronto a las zonas urbanas”, puntualizó.
Campaña Suelta el Agua
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