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El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que hay 8.508 casos de violencia institucional desde el inicio del estallido social el 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020 y de las cuales, 6.949 causas han sido cerradas, ya sea porque se dictó una condena, porque se declaró la absolución, se tomó la decisión de no preservar, entre otros motivos.

También dio a conocer que se han formalizado a 148 carabineros, siete miembros del Ejército y dos policías de investigaciones, sumando un total de 157. De estos, 45 han sido condenados, ya sea por apremios ilegítimos, abusos contra particulares, falsificación de documentos públicos y otros delitos.

Valencia sostuvo que al momento de asumir se tomaron una serie de medidas para abordar estos hechos y respecto a la violación de derechos humanos aseguró que "no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que permitan atribuir el carácter sistemático, sin perjuicio que la investigación se encuentra todavía abierta".

“Asegurar que todas las investigaciones relacionadas con los hechos de ese periodo avancen con la mayor celeridad posible y por lo tanto, desde la Fiscalía Nacional, abordar con todos los medios con los que contemos para ello”, indicó.

En segundo lugar, “encargar a la Unidad de Derechos Humanos, que creamos especialmente (…) verificar que todas las investigaciones del periodo que ya se encontraban cerradas administrativamente - al menos cerradas por falta de precedentes - que se verificase de que estaban bien cerradas, es decir, que no había diligencias pendientes, que no había diligencias que pudieran realizarse, que hubiéramos cumplido con nuestras obligaciones internacionales y también se hubiese cumplido con las instrucciones generales de la Fiscalía”, agregó.

Por último, sostuvo que “adoptamos una medida que no se había adoptado con la integración, que fue concentrar todas las investigaciones pendientes, investigaciones vigentes, por delitos graves que se habían convertido en contra de carabineros, es decir, los cuales los carabineros habían sido víctimas, concentrar la investigación de esa causa en un fiscal regional”.

Mientras que la senadora Fabiola Campillai (IND), acompañada de parlamentarios oficialistas, llamó al Gobierno a "esclarecer la verdad de las violaciones a los derechos humanos cometidas a la población civil por agentes del Estado durante el estallido social por medio de una comisión de verdad y justicia, exigir completa colaboración con las causas judiciales de las fuerzas militares y policiales".

“Realizar de una vez por todas la reforma a Carabineros, la ley del uso de la fuerza, garantizar la reparación integral de las víctimas tanto a través de políticas de estado, como de una ley de reparación integral y adoptar las medidas necesarias que hagan efectivas las garantías de no repetición”, añadió la parlamentaria.

Por último, manifestó que “no cesaremos en exigir justicia y buscar la responsabilidad de los culpables. Y si la justicia no se imparte en el sistema nacional, conforme al nivel que demanda la comunidad internacional cuando se trata de violaciones de derechos humanos por agentes del Estado, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes”.