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Por Rodrigo Alcaíno Padilla

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, aseguró en Estación Central que se ofició al Ministerio de Hacienda para que explique la base legal con que solicitó información individual de quienes retiraron 10% de las AFP, respuesta que debe ser entregada en 10 días.

Además, a la Superintendencia de Pensiones en el mismo plazo se le pidió informar si tienen potestad para recabar la información, y si se la puede entregar al ministerio.

"Para colaborar y mejorar temas de políticas públicas los ministerios pueden solicitar información entre sí, pero con base a cierta legalidad o principio de finalidad. Tenemos dudas si esto se ajusta a dicho principio" agregó.

Sobre el supuesto uso estadístico que daría Hacienda a los datos, De la Fuente comentó que "aproximadamente el 30 % de los casos que fallamos vía ley de acceso a la información tiene algún tipo de ámbito que se refiere a los datos personales. Y en eso hemos sido sistemáticamente coherentes, una base de datos con fines investigativos no requiere la individualización de las personas, uno anonimiza ese dato personal".

Sobre el camino futuro si se establece ilegalidad, sostuvo que en el Consejo “no tenemos la posibilidad de sancionar. Identificamos si hay vulneración de derechos. Después la persecución de aquello, aplicación de sanciones, la arista judicial va por otro carril (…) La Contraloría podría tomar una acción administrativa, y si se detecta algún tipo de vulneraciones cada persona podría iniciar alguna acción”

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