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Por Daniela Figueroa Videla

La Contraloría General de la República emitió un dictamen declarando ilegal el instructivo emanado por el Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Hacienda, para el regreso de funcionarios públicos en medio de la pandemia en el llamado “retorno seguro”. Sobre el veredicto y el trabajo de los funcionarios públicos en esta emergencia sanitaria, conversó Estación Central con José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF).

Pérez dijo que el dictamen de la Contraloría va en línea con la “expectativa cierta que habían mantenido en este tiempo” ya que permite dar garantías de que el foco es la salud y la vida de los seres humanos, además volvió a reiterar que los funcionarios públicos siguen trabajando, ya sea de modo remoto o con turnos especiales a lo largo de todo el país.

Sostuvo que el Servicio Civil asumió un rol fiscalizador que no tiene al emitir el citado instructivo declarado ilegal, además lo hizo sin la participación de los funcionarios públicos y sin escuchar la voz las organizaciones sociales.

Para José Pérez Debelli persistir en la idea de reabrir las dependencias públicas en medio de la pandemia no va en línea con el 'cuidémonos' que promulga el gobierno; dijo que “ es absurdo poblar el centro de Santiago con 20 mil funcionarios públicos”. “Insistir sobre el retorno seguro es una arremetida errática y criminal”.  Y que en la misma línea, llamar a ejercer de voluntarios a los funcionarios público es también algo perverso. Por último, sostuvo el dirigente “cuando la autoridad política relaja el discurso el costo no es un resfriado común, es la muerte de un chileno o chilena”.

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