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El abogado Luis Hermosilla está en el ojo del huracán tras la formalización del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien quedó en prisión preventiva tras ser acusado de revelar información de al menos cinco causas reservadas. 

Cabe recordar que Muñoz comenzó a filtrar antecedentes reservados a Hermosilla, el mismo del Caso Audios, de causas como Enjoy, Raúl Torrealba, Felipe Guevara, Héctor Espinosa y Dominga.

Mientras continúa el proceso judicial en contra del exdirector general de la PDI, Ciper entregó nueva información sobre el abogado, quien está siendo investigado tras la revelación de audios sobre pago de coimas en SII y la CMF.

Según indicó el medio, durante los cuatro años del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Luis Hermosilla facturó a la Subsecretaría del Interior más de $88 millones como asesor en materias judiciales.

El abogado fue contratado a honorarios cuando la cartera de Interior era liderada por Andrés Chadwick. Cabe recordar que, según consignó La Segunda, las indagatorias al celular de Hermosilla revelaron que Andrés Chadwick, ex ministro del Interior y primo de Sebastián Piñera, recibió información privilegiada respecto de la investigación sobre la compraventa de Minera Dominga, cuando el expresidente figuraba como imputado en 2021 por este caso.

Pero esa no fue la única vez que Hermosilla fue contratado por el Estado. Durante las dos administraciones del expresidente Piñera, el abogado recibió al menos $239 millones mediante asesorías contratadas por trato directo (sin licitación), tanto por honorarios profesionales individuales como por convenios que se suscribieron con su estudio jurídico. 

Entre los contratos más destacados figuran los casi $74 millones comprometidos por la Subsecretaría del Interior en casos de alta connotación mediática, como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. Estos contratos fueron firmados en el período en que Andrés Chadwick lideraba el Ministerio del Interior, y Hermosilla compartía estudio jurídico con él, sin que se evaluara un posible conflicto de interés.

El extenso historial de contratos millonarios con el Estado ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia en la contratación de servicios legales.