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Por Francisca Delgado Ruz.

Estación Central conversó con Tomás Pascual, abogado de la Defensoría Penal Pública y académico de la Universidad Alberto Hurtado, sobre la expulsión del gobierno a 53 ciudadanos venezolanos. “En Chile no existe un procedimiento sancionatorio en términos de legislación migratoria que garantice las reglas del debido proceso”, sostuvo. 

“Las personas extranjeras sancionadas por alguna contravención a la normativa migratoria, como por haber ingresado por paso no habilitado, se enteran de eso con la notificación de expulsión. El Estado no se hace cargo de la representación jurídica o si alcanzan a reclamar ante Tribunales de Justicia”, explicó el experto.

Pascual apuntó que las “intendencias denuncian y utilizan el ingreso no habilitado como fundamento para la expulsión, pero sin acreditar el delito y eso como causal no está en la ley”. Y destacó que, en Tribunales de Justicia, el 95% de los casos obtienen “decisiones favorables y expulsiones revocadas y por eso lo hacen los fines de semana para que no alcancen los ciudadanos migrantes a reclamar”.

El abogado señaló que desde el Estado chileno “hay infracciones de orden interno, contravenciones de obligaciones internacionales que ha suscrito y a contravenciones al derecho de asilo o refugio”. E infiere que tras las expulsiones “está la idea de dar señales sobre ‘no es llegar y venir a Chile o nos vamos a llenar de extranjeros”.