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Desde la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) advirtieron que en el país faltan al menos 300 persecutores, alertando sobre las dificultades para trabajar con celeridad ante la acumulación de causas, situación agravada por el incremento de delitos.

Francisco Bravo, presidente de la ANF e integrante de la Fiscalía Centro Norte, aseguró en Radio Cooperativa que "la congestión (de causas) es una simple percepción; es una realidad que tiene base empírica. Esperamos que las autoridades tomen decisiones".

Bravo detalló a la emisora el estudio de carga laboral elaborado por el fiscal José Morales. De acuerdo al análisis, los profesionales de las regiones de O'Higgins, Arica y Parinacota y Los Lagos son los más afectados.

En Arica, los 19 fiscales tienen en promedio 1.485 procesos al año, los 31 de O'Higgins 1.926 y los 32 de Los Lagos 1.723.

"Se está funcionando al tope. Hay muchas instrucciones y órdenes de investigar que se demoran más allá de lo que uno desearía (...) Hay colegas de Tarapacá haciendo juicios en la mañana y en la tarde, ¿en qué momento pueden investigar o atender al público?", indicó.

En esa línea, el timonel de la ANF informó que faltan cerca de 300 fiscales si se considera la cifra ideal que se discutió en 2005, durante la tramitación de la ley de responsabilidad penal adolescente.

En ese escenario, el fiscal de la Región Metropolitana aseveró que "esto requiere iniciativa de ley y, por lo tanto, quien tiene hoy día la posibilidad de empujar este carro hacia adelante es el Poder Ejecutivo, porque esto también implica dotar recursos, pero también hay que tener una mirada integral; esto tiene que ver también con las policías, con el sistema procesal penal en su conjunto".

"Cuando estamos en este escenario absolutamente de colapso en algunas regiones, naturalmente no se entrega un buen sistema de justicia", acusó.

Finalmente, Bravo fue consultado por los dichos del fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien aseguró que hubo una sobrerreacción ante las supuestas amenazas que sufrió Carabineros por parte del Tren de Aragua, indicando que dicha agrupación criminal está desarticulada en la zona.

"No la comparto. Yo creo que no hay sobrerreacción. (...) Al final de mayo hicimos una encuesta sobre la situación de los fiscales y la verdad es que quedamos preocupados, porque cerca del 40 por ciento señala haber recibido amenazas o agresiones en el ejercicio de sus funciones y cerca del 90 por ciento percibe que las medidas o condiciones de seguridad son inexistentes o precarias", consignó.