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El gobierno de Argentina amplió en los últimos dos años, bajo la Presidencia de Javier Milei, el uso de tecnologías de vigilancia basadas en inteligencia artificial (IA), lo que incrementó su capacidad para recopilar información, establecer perfiles y tomar represalias, denunció la ONG Amnistía Internacional.

En el informe “Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina”, la organización denunció que estos desarrollos son un ataque a los derechos humanos y documentó reformas institucionales impulsadas mediante resoluciones y decretos para ampliar las capacidades de recopilación de información y vigilancia del Estado.

Entre 2024 y 2025 el gobierno de Milei adquirió tecnologías de vigilancia por valor de 1,2 millones de dólares, incluidas herramientas de seguimiento de redes sociales, sistemas de reconocimiento facial y tecnologías de vigilancia aérea.

“Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal: se ha atacado a la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias”, expresó en el informe Matt Mahmoudi, investigador y experto en Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.

El estudio se elaboró a partir de 21 entrevistas a periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores de derechos humanos, además del análisis de documentos de contratación, datos sobre tecnologías adquiridas e información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información.

Esas adquisiciones incluyen plataformas capaces de recopilar y analizar grandes volúmenes de datos de redes sociales, sitios web, la web oscura y bases de datos públicas, además de software de reconocimiento facial, drones y estaciones terrestres con rastreo automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.

AI afirmó que estas herramientas han afectado especialmente a periodistas, activistas y migrantes, algunos de los cuales, según expresaron en sus entrevistas, comenzaron a autocensurarse y a reducir su participación en protestas por temor a ser identificados.

Amnistía pidió al gobierno argentino prohibir el desarrollo, producción, venta y uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto para vigilancia discriminatoria y establecer mecanismos de regulación, supervisión y rendición de cuentas sobre estas herramientas.

“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos”, afirmó Mahmoudi.