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Por 141 votos a favor y 1 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que aumenta el subsidio al transporte público a nivel nacional hasta 2024.

La iniciativa, que previamente fue despachada por las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, y ahora será analizada por el Senado, busca introducir mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, a través de un incremento en los actuales recursos.

De esta manera se permitirán definir nuevos marcos para una operación de calidad, tanto a nivel regional, como también, respecto al sistema de transporte público del Gran Santiago.

Para ello, el proyecto incrementa los montos del subsidio permanente en $42.010 millones para 2022; 244.184 millones para 2023 y 320.327 millones para 2024. Dichos recursos se repartirán en forma equivalente entre el sistema RED de Santiago y el transporte público en regiones.

El texto prorroga también el financiamiento dispuesto en la ley que crea un subsidio de transporte público hasta 2024, considerando que este año se termina la vigencia el aporte especial y el aporte especial adicional. Ambos componen el 61% del total de los aportes al transporte público.

Además, la iniciativa habilitará a los Gobiernos Regionales para utilizar los recursos que reciben desde el Fondo de Apoyo Regional (FAR) en subsidios operacionales, incluyendo transporte colectivo mayor y menor, así como también en proyectos de conectividad digital.

"Estamos dando un primer paso en nuestro objetivo de avanzar en el cierre de la brecha entre el transporte público del Gran Santiago y los sistemas regionales. Estos recursos adicionales nos permitirán avanzar en regiones en un elemento tan clave como la regulación del transporte público, que nos permita no sólo ofrecer servicios adecuados para las personas, sino con la frecuencia y regularidad que merecen los habitantes de las distintas zonas del país", dijo el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Cabe recordar que las tarifas del sistema de transporte público del Gran Santiago y de las zonas reguladas en distintas regiones del país se encuentran congeladas desde el año 2019. A esto, se suma el impacto que tuvo la pandemia en la reducción de la demanda. Ambos factores han provocado un impacto importante en el financiamiento que actualmente tienen las zonas que reciben los subsidios establecidos en esta ley.