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El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por la administración del Presidente José Antonio Kast reconfiguró de manera sustancial las partidas destinadas a la seguridad pública al no considerar recursos directos para el emblemático Plan Calles sin Violencia, política impulsada en abril de 2023 bajo el mandato del expresidente Gabriel Boric.

En el momento de su presentación, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la prioridad fiscal de la medida señalando que “fortalecer las instituciones no es solo robustecer las policías, pero es en primer lugar fortalecer las policías, entregarles más recursos, más protección, más tecnología, entregarles condiciones para que puedan cumplir su trabajo”.

No obstante, al revelarse el desglose de las partidas del Ministerio de Hacienda encabezado por el ministro Jorge Quiroz (quien en abril de 2026 ya había elaborado un listado de programas a revisar o descontinuar), la línea asignada a Calles sin Violencia, que en 2026 contempló montos entre los $13.441 millones y los $26.017 millones según informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres), apareció completamente extinta para el ejercicio fiscal 2027 tanto en Seguridad Pública como en el Ministerio Público.

Frente a los cuestionamientos, la Subsecretaría de Seguridad Pública descartó un desmantelamiento de las políticas de persecución y sostuvo que el programa experimentó una transformación técnica. La subsecretaria Pilar Giannini afirmó que “no hay recortes ni se termina el Plan Calles Sin Violencia: este fue reformulado y ahora se denomina Plan FOCO, manteniendo su financiamiento y continuidad para 2027. Hemos fortalecido su diseño y medición para enfrentar con mayor eficacia los delitos violentos que preocupan a la ciudadanía”.

En la arquitectura presupuestaria, la entrega de fondos se traduce en un incremento considerable para la nueva denominación. La partida de transferencias al Ministerio Público asociada al Plan FOCO ascenderá en 2027 a $26.766 millones, superando los $12.575 millones que registraba la asignación vinculada a Calles sin Violencia durante 2026, lo que representa un aumento nominal del 112,8% para las labores operativas y de investigación penal.

La controversia por Calles sin Violencia se inserta en un reordenamiento más amplio de los programas de Prevención del Delito. En el mismo proyecto erario, el plan Calle Segura (impulsado en 2019 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera) también deja de figurar como tal y se reestructura en el Sistema de Televigilancia, con $2.366 millones para cámaras y lectores de patentes, y el sistema SITIA, dotado con $1.437 millones para teleprotección con inteligencia artificial.

A ello se suma la reducción en la partida de Barrio Prioritario, cuyo aporte disminuye de $7.832 millones en 2026 a $4.429 millones en 2027. Ante estas cifras, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito aclararon que la diferencia obedece al término de una transferencia puntual del Ministerio de las Culturas tras el ajuste fiscal de mayo, remarcando que la repartición crecerá un 2,9% hasta alcanzar los $82.985 millones y que se mantendrá la intervención en los 64 barrios comprometidos.