La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes la creación de una comisión investigadora para aclarar los criterios que permitieron otorgar pensiones de gracia a víctimas del estallido social.
La instancia tendrá 90 días para elaborar un informe, y se permitirá recabar información del Gobierno, específicamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o bien de otros organismos involucrados en entregar el beneficio.
Asimismo, se investigará la categorización de las lesiones y montos asignados, la determinación del menoscabo laboral y la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en este proceso, en vista de esclarecer posibles irregularidades en el procedimiento.
Cabe consignar que en la Ley de Presupuesto 2021 se estableció más de $52.500 millones del Tesoro Público para "Jubilaciones, Pensiones y Montepíos", incluyendo a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Estos daños deben estar acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ya que este organismo establece si los afectados sufren menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo.
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