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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Naín-Retamal, proyecto de ley que fusionó ambas iniciativas, y que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

La iniciativa, que recibe dicho nombre por los dos de mártires de Carabineros de Chile, recibió un amplio apoyo de los parlamentarios, ya que hubo 106 voros a favor, 24 votos en contra y 13 se abstenciones.

Como se anticipaba toda la oposición votó a favor de los proyectos refundidos presentados por la UDI y Renovación Nacional (RN), mientras que en el oficialismo hubo votación dividida, siendo el Partido Comunista y la mayor parte del Frente Amplio los que no respaldaron la iniciativa. 

La razón que argumentaron es que tenían inquietudes sobre el uso de armas de servicio por parte de los uniformados y la posibilidad de que la iniciativa diera pie -a su parecer- a que se pase por sobre el Estado de Derecho.

Es por esta razón que esperan que ahora que el proyecto pasó al Senado se tomen las indicaciones que va a presentar el Gobierno, que a juicio de ambas bancada deja claro ese punto. Fue justamente ese tema del que habló la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien había llamado a aprobar el proyecto, pese a que reconoció que el Gobierno tiene "objeciones" a algunos aspectos de la normativa.

En especial, uno de los aspectos que ha generado visiones divididas entre los parlamentarios es la de "legítima defensa privilegiada".

"¿Hay un problema de protección a las policías? Sí lo hay. No es verdad que las policías están todo lo protegidas que debería. Pero el principal riesgo que tienen es porque al frente hay una delincuencia armada que mata civiles y mata policías", manifestó la titular del Interior y Seguridad Pública.

La ministra del Interior señaló que entre las indicaciones está que el uniformado no pierda ni su sueldo ni su cargo mientras dure el sumario que realice la institución, ya sea PDI o Carabineros, cuando sean imputados por uso indebido de armamento. 

Otra de las modificaciones que esperan que exista en el Senado estarán relacionadas a cambios a artículos del Código de Justicia Militar que pretenden establecer si un carabinero puede hacer uso de su arma de fuego en un procedimiento, y cuando se inicie un procedimiento judicial quede bajo una categoría de víctima o testigo y no de imputado hasta que algún fiscal indique lo contrario.

En opinión de la jefa de gabinete, el proyecto tiene un margen muy amplio para que ocurran arbitrariedades, y por tal, que se pase a ser un país donde se valide el "gatillo fácil".

Cabe mencionar que esta ley solo se aplicará a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia.