La exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó la decisión del Ministerio de Justicia de conceder 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, medida que ha generado críticas por sus implicancias para las víctimas y la interpretación de la normativa vigente.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la exsecretaria de Estado manifestó su indignación por la situación y relató que debió contener la angustia y la rabia mientras realizaba la rutina para hacer dormir a su bebé.
“No sabía si hacer este video, pero la gravedad del tema me parece que amerita”, expresó al inicio de la publicación.
Vallejo apuntó directamente al gobierno del presidente José Antonio Kast, cuestionando la decisión por su contradicción con el discurso de seguridad y protección de la infancia que ha promovido el Ejecutivo.
“¿Cómo es posible que este gobierno que se autodefiniera como el gobierno de emergencia, el gobierno de la seguridad, el gobierno del ‘con mis niños no te metas’, haya decretado sin orden de la Corte Suprema la rebaja de condena a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad?”, planteó.
La exvocera advirtió que este tipo de decisiones puede generar una sensación de impunidad y desconfianza en las instituciones, además de cuestionar qué ocurre con las víctimas de estos delitos.
“¿Esta es la señal que quieren darle a la sociedad? ¿Este es el país que quieren construir? ¿Esta es la sensación de impunidad que quieren generar? ¿Qué pasa con las víctimas?”, agregó.
Uno de los principales cuestionamientos de Vallejo se centró en los argumentos entregados por el Gobierno para justificar las rebajas de condena. Según sostuvo, la legislación no obliga al Ministerio de Justicia a conceder este beneficio a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
La exministra recordó que la ley publicada en febrero de 2022 excluyó expresamente a quienes cometieron delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes de la posibilidad de acceder a rebajas de condena.
Sin embargo, explicó que la controversia se relaciona con la aplicación de esta prohibición a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la normativa. Según indicó, la Corte Suprema ha adoptado interpretaciones que impiden aplicar retroactivamente la exclusión en determinados casos, sin que exista un criterio uniforme para todas las situaciones.
En ese contexto, Vallejo defendió la actuación del gobierno anterior, asegurando que durante la administración de Gabriel Boric se rechazaron las solicitudes de rebaja de condena presentadas por personas condenadas por estos delitos y que el Ejecutivo litigó ante las cortes de apelaciones para impedir que accedieran al beneficio.
“Es un beneficio, no es un derecho”, enfatizó, al cuestionar la decisión adoptada por la actual administración.
La exvocera también sostuvo que el cambio de criterio aplicado por el Gobierno constituye una señal de impunidad y pidió que la situación se revierta, junto con establecer las responsabilidades políticas correspondientes.
“Ha costado mucho tiempo construir y lograr justicia para las víctimas de los delitos más graves y delicados, como son los delitos de abuso sexual contra menores”, señaló.
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