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El presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, abordó la polémica generada por las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas en el estallido social, pero que cuentan con antecedentes penales por delitos.

“Si se atropellan los derechos humanos por responsabilidad del Estado de Chile, de instituciones del Estado, como son las policías, el Estado tiene obligaciones para con quienes sean víctimas de ese atropello”, dijo Carmona.

“Algunos se preguntaban ¿por qué tenemos que pagar todos? No es todos, es el Estado. De lo contrario, entonces el Estado tampoco debiera hacerse responsable de las atrocidades que cometieron en dictadura”, indicó el presidente del PC.

“Estamos haciendo un debate asumiendo que el Estado de Chile atropelló los derechos humanos, si lo hizo entonces tiene obligaciones de reparar. Este camino de las pensiones de gracia es un camino muy básico, lo que debiera haber es verdad desde el punto de vista de los tribunales, debiera haber justicia, reparación y no repetición”, complementó.

“Si de por medio se presentaron antecedentes de gente que no tenía mérito y estaba abusando de un espacio, que podría tener una retribución que no le correspondía, es justo que se repare y se revoque aquella adjudicación, porque no corresponde”, sentenció.

“Si una persona ha cometido un delito, enfrentó a la justicia, asumió la consecuencia del castigo que definió la justicia, no tiene por qué tener una falta de protección cuando se trata del atropello a los derechos humanos”, añadió.

“¿Alguien va a poder sostener civilizadamente que un delincuente no tiene derecho a defender su situación si es que perdió un ojo, solo porque es un delincuente? La pensión de gracia frente a una comprobación de atropello a los derechos humanos no deja inmune de asumir las consecuencias si alguien cometió un delito”, indicó.

“¿Habría que tener, frente a los delincuentes, una disminución del Estado para en ese caso no considerar que se ha atropellado un derecho humano? Yo creo que no. No se puede relacionar, no puede el Estado disminuir su responsabilidad si atropella los derechos humanos”, sostuvo Carmona.

“Yo no soy quién para defender a delincuentes y darles cobertura, pero no puedo aceptar que se disminuya la obligación del Estado frente al atropello de derechos humanos”, concluyó Lautaro Carmona.