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La Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó la acusación en contra de la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; la exconcejal Paz Fuica; y otras tres personas, en el marco del caso Democracia Viva.

Tras el cierre de la investigación de las respectivas aristas, Fusupo, Tomarte y Fibra del denominado caso convenios, el ente persecutor presentó acusaciones contra siete personas.

De esta manera, y según consignó T13, la fiscalía solicitó una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para Pérez, Andrade, Contreras y Fuica.

Además, se pidió una "multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena".

Junto con ello, el ente persecutor solicitó la "inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas".