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La Contraloría General de la República envió un oficio a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para informar sobre la detección del otorgamiento de asignaciones irregulares a Beatriz Chamorro, directora de Salud de la Municipalidad de Santiago y ordenó la devolución de los montos.

La profesional está siendo investigada por la Fiscalía en relación al fallido Caso Sierra Bella, en el cual se investiga la compra de la ex Clínica por más de $8 mil millones. A pesar de la polémica, la directora aún se mantiene en su cargo.

Según la información de Emol, la indagatoria comenzó después de que el presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud N°2 de la Municipalidad de Santiago, Luis Rodríguez, denunciara que la actual directora de salud recibió asignaciones de competencias profesionales de manera irregular, bajo una figura jurídica que no corresponde, siendo entregada vía asignación transitoria municipal.

El oficio de la Contraloría, fechado el 30 de junio, revela que se solicitó un informe al Municipio para que detallara las condiciones y argumentos por los cuales se otorgaron las asignaciones a la profesional en cuestión.

En respuesta, la administración de Hassler afirmó que la asignación fue otorgada previa aprobación del consejo municipal, en virtud del artículo 45 de la ley N° 19.378, en lugar del artículo 8° de la Ley N°20.816.

Este último artículo establece que las asignaciones corresponden "únicamente a los médicos que trabajan en los servicios de atención primaria", no a aquellos que se desempeñan en el departamento de Salud, como es el caso de la funcionaria.

El Municipio argumentó que se trataba de la "Asignación Red de Salud de Santiago-Especialidades", que incluye la especialidad de Medicina Familiar, relacionada con la atención primaria de salud en los centros de la Red Comunal de Santiago, de la cual forma parte la Dirección de Salud. Según el Municipio, sería procedente otorgar esta asignación a la directora de esa unidad, ya que habría sido reconocida tanto a ella como a su predecesora durante la administración anterior.

Después de analizar la situación, la Contraloría advirtió que el acuerdo del Consejo Municipal de Santiago del 12 de enero de 2022 establece asignaciones de responsabilidad y especialidades médicas según el artículo 45 de la ley Nº 19.378, que estarían vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sin embargo, según el oficio de la Contraloría, el anexo adjunto al acuerdo menciona una "cuarta asignación transitoria" que se refiere explícitamente al Título VI de la ley N° 20.816, correspondiente a la "asignación por competencias profesionales para médicos cirujanos regidos por la ley N° 19.378", y cita los incisos primero y segundo de dicho cuerpo legal.

En consecuencia, la Contraloría destaca que el artículo 45 de la ley N° 19.378 establece que las asignaciones especiales de carácter transitorio se pueden otorgar según las necesidades del servicio, pero el acuerdo del consejo no especifica las necesidades del servicio que justificarían el otorgamiento de la cuarta asignación especial transitoria.

Además, la Contraloría señala que el artículo 8° de la ley N° 20.186 permite otorgar el emolumento solo a los médicos que trabajan en un establecimiento municipal de atención primaria de salud, por lo que no correspondería que se evada esta exigencia legal mediante el argumento de recurrir al mecanismo previsto en el artículo 45 de la ley N° 19.378, otorgando dicha asignación a personas que ejercen sus funciones en la dirección del departamento de salud municipal y no en los establecimientos mencionados.

En este contexto, el organismo determinó que el otorgamiento de la asignación "no se encuentra ajustado a derecho" y ordenó al Municipio regularizar la situación, incluyendo la devolución de los montos percibidos indebidamente. Se estableció un plazo de 15 días hábiles para que el Municipio informe sobre las medidas que se tomarán al respecto.

La Contraloría también sugirió al Municipio considerar la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar las posibles responsabilidades administrativas derivadas de esta situación y deberá informar a la Contraloría sobre las decisiones que se tomen al respecto dentro de los próximos 15 días.