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La Comisión de Constitución de Salud aprobó el proyecto que presentaron senadores de oposición para hacer resolver el controversial fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre del 2022.

La resolución del máximo tribunal obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados que hayan sido realizados mediante otras tablas.

Para darle efecto, Gobierno ingresó una iniciativa que aumenta las facultades de la superintendencia, fortalece Fonasa y entrega seis meses a las isapres para que informen el número de contratos afectados por la adecuación de precio, el monto total de la deuda, y entreguen una propuesta de plan de pago.

Se estima que nueve empresas tendrán que devolver cerca de $1,1 billón con la ley corta del Ejecutivo, sin poder distribuir sus utilidades hasta que no hayan pagado la totalidad de las devoluciones, los que no formarán parte de la garantía legal ni de los indicadores de liquidez y patrimonio.

Ante dicha moción, los senadores Ximena Rincón, Matías Walker, (Demócratas), Rodrigo Galilea, Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI) propusieron un proyecto alternativo que -en sus palabras- permitirá aplicar la resolución de la Suprema sin "terminar con el sistema" de salud privado.

La idea de los legisladores es realizar una reforma constitucional que incluya una disposición transitoria que apunte a los precios base.

Debido a que el máximo tribunal solo ordenó ajustar la tabla de factores, los senadores proponen que las isapres puedan recalcular los precios bases de los planes suscritos antes de abril 2020, con el fin de que el precio final por contrato sea lo más similar posible al valor que el cotizante estaba pagando a la fecha de la sentencia.

De esta manera, los excedentes a devolver serían menores e incluso nulos. En caso de existir, la propuesta incluye una regulación para que la Superintendencia de Salud determine la entrega del dinero de manera gradual y en forma de beneficios.

"Las Instituciones de Salud Previsional deberán recalcular el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos con anterioridad a abril del año 2020; de manera tal que el precio final que arroje por cada contrato de salud se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que dicha sentencia de la Corte Suprema quedó firme, no pudiendo el nuevo precio ser superior al precio vigente a dicha fecha", señala el texto legislativo.

Agrega que "si, aplicando este nuevo precio de manera retroactiva, hubiera eventuales excedentes pagados por los afiliados que las compañías deberán devolver, la Superintendencia deberá fijar un procedimiento de devolución de aquellos excedentes que se hubieren generado, aplicando las prescripciones que sean del caso".

 RESPUESTA DEL GOBIERNO

 En reacción, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, acusó que el proyecto "plantea el que el sistema de isapres, para subsistir, requiere seguir cobrando en exceso a 600 mil contratos, principalmente mujeres, a las que la compensación, la rebaja que se le haría por la tabla de factores, se le subiría a través del precio base. Entonces, mantendría una condición que la Corte Suprema ha considerado que es injusta".

"Esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud que la Corte ordenó expresamente por la aplicación de la tabla única de la Superintendencia, y como consecuencia de lo anterior, anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponde al cobro en exceso por los menores de dos años", agregó.

La secretaria de Estado acusó que "es difícil apoyar la actual iniciativa por un respeto al orden institucional y a lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema".

En la misma línea, la ministra vocera Camila Vallejo expresó preocupación y dijo que la propuesta "busca anular los efectos del fallo de la Corte Suprema en materia de isapres".

"Esto es preocupante porque es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva lamentablemente a lo que establece otro poder del Estado. Nuestros poderes no pueden estar buscando artilugios para anular un fallo tan contundente como el que estableció la Corte Suprema", agregó.