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Este martes, el Congreso aprobó la 23° prórroga del estado de excepción de emergencia que rige en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

El Senado dio luz verde a la petición del Gobierno con 39 votos a favor; el voto en contra de la senadora Fabiola Campillai; y tres abstenciones, de Yasna Provoste (DC), José Miguel Durana (UDI) y Karim Bianchi (IND).

Más temprano, la Cámara de Diputados había respaldado la extensión con 114 votos a favor, 24 en contra y 10 abstenciones.

El estado de excepción ha estado vigente desde el 16 de mayo de 2022. Desde entonces, se prorrogó 23 veces: una de ellas por decisión soberana del Ejecutivo y las 22 restantes con autorización del Parlamento.

Con la votación, ahora la macrozona sur cumplirá un año bajo el régimen constitucional, que permite que las Fuerzas Armadas se puedan desplegar para prestar apoyo a los operativos policiales, sin estar autorizadas a realizar procedimientos de esas características por sí mismas.

Como es habitual, el Ejecutivo entregó los últimos balances elaborados por Carabineros durante la sesión en la Sala.

Durante los 348 días que ha durado el decreto, se observó importante caída en la cantidad de homicidios (-50%). Asimismo, los eventos con presencia de armas de fuego bajaron en un 36%. Los ataques incendiarios, en tanto, disminuyeron en un 22%; igualmente se redujeron los bienes incendiados (inmuebles -38% y camiones incendiados -41%).

Las provincias de Malleco y Arauco concentran el 74% de los eventos. A pesar de ello, ambas provincias mostraron un descenso: Arauco en 39% y Malleco en 24%.

Sin embargo, entre el 24 y el 30 de abril los eventos aumentaron en un 47% respecto a la semana anterior. Además, se registró un 36% más de comunas afectadas. Los hechos con presencia de arma de fuego se triplicaron (+200%) y se registró un 85% menos de detenidos por violencia rural.

Por último, el Gobierno subrayó que su estrategia comprende un plan para mejorar los procesos de inversión en el territorio y las condiciones de seguridad en la zona, como son "Más Seguridad", el "Plan Buen Vivir" y la "Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento”. Como resultado de estas medidas, se esperan avances significativos en la seguridad de las rutas durante el primer semestre del 2023.

Durante su exposición, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que "nosotros quisiéramos que durante este año se cumplieran estas condiciones, vamos a hacer todo para que se cumplan, pero si no se han cumplido no vamos a retirar el estado de excepción”.

Además, aclaró que ante dicho escenario "no vamos a pasar de todo a nada de una vez”. "Vamos a ir retirando el estado de excepción en una provincia, monitoreamos cómo funciona y ahí vamos avanzando en la siguiente", consignó.