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Este martes, la Contraloría General de la República ordenó indagatorias ante las acusaciones de supuesto intervencionismo electoral de parte del Gobierno de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, donde la ciudadanía votará la propuesta de nueva Constitución.

Funcionarios de la entidad acudirán a La Moneda para pesquisar los recursos utilizados en la campaña "Chile Vota Informado" liderada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).

El contralor Jorge Bermúdez explicó que el caso está siendo indagado "por el Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría, y como su nombre lo indica, son auditores avezados que esperamos puedan avanzar rápido en determinar cómo se han usado los recursos".

"Lo que incluye la investigación es determinar el correcto uso de recursos públicos en este periodo. Eso hace la investigación", añadió, informando que posteriormente pueden "surgir lo que se denominan acciones derivadas, que son los instrumentos que tiene la Contraloría. Puede ser un sumario, una denuncia a otras instituciones, o un juicio de cuentas".

Además, Bermúdez pidió aclarar que "como institución, estamos usando -creemos que oportunamente- todos los instrumentos que tenemos a partir de la información que tenemos. Esos instrumentos no son intrusivos".

"Aquí, hay otras instituciones que también tienen que ver, aquí hay un periodo de campaña que se está llevando a cabo, hay comandos, hay partidos políticos, hay recursos públicos en esas campañas, que no le corresponde a la Contraloría", añadió.

Junto a ello, remarcó que "a la vez, estamos llevando a cabo más de 600 líneas de auditoría, que probablemente son cosas que afectan mucho más en el día a día a los ciudadanos. En materia municipal, de salud, de obras públicas, medio ambiente. No nos pueden pedir que hagamos más de lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos".

En esa línea, fustigó las peticiones de "mayor celeridad" en la indagatoria. Por ejemplo, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) aseguró que "la Contraloría hasta ahora ha sido lenta en su reacción" y su par Andrés Longton (RN) pidió un resultado antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Bermúdez acusó que "es una crítica tan manida y tan injusta. Si tú revisas los tiempos de la Contraloría, sustantivamente, año a año, han ido disminuyendo. Pero aquí hay una cierta ritualidad, y eso significa plazos que hay que respetar".

Aclaró que "cada vez que se pide un informe a un servicio público, ese servicio tiene 10 días hábiles, es decir, dos semanas para responder, si es que no pide prórroga. Por lo tanto, ahí ya tienes medio mes usado solo en esperar la respuesta. Y esos son los meses que existen".

"Por lo tanto, pedir que aquí no haya bilateralidad, que no se escuche al otro, y que no se pondere, es no conocer cómo funciona la administración del Estado", sentenció.