La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario al Hospital Barros Luco, debido a una charla realizada por el exvicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, en el recinto de salud.
En el encuentro en cuestión, llamado "Nueva Constitución desde adentro: una conversación", Domínguez expuso sobre la propuesta de nueva Constitución, específicamente en temáticas de salud, y fue convocada por la jefatura del Servicio de Medicina Interna.
Fue el día 29 de julio cuando la Contraloría compartió, a través de Twitter, que solicitó un informe al recinto hospitalario por la charla, señalando que esta habría sido "por eventual citación obligatoria con fines políticos".
El documento de la resolución de la CGR da cuenta de que la directora del Hospital Barros Luco, Gisella Castiglione Veloso no fue consultada o informada respecto a la actividad "dentro del horario de una reunión clínica".
Asimismo, la autoridad expresó que al enterarse del evento, solicitó un informe a la jefatura del Servicio de Medicina Interna, desde donde le respondieron que "la idea de aquella reunión era informar sobre las disposiciones del nuevo proyecto de constitución, en lo relativo al área de salud".
De esta manera, el ente contralor apuntó a que abordar el tema de la propuesta de nueva Constitución no se circunscribe en el concepto de reunión clínica que se invoca, más aún si se considera el contexto en el cual se desarrolla tal actividad”.
Y añadieron que la actividad "no se enmarcó en el cumplimiento de las labores propias de ese hospital, situación que implica una infracción al deber de las autoridades y funcionarios públicos de utilizar el tiempo de la jornada laboral y los bienes institucionales únicamente en el cumplimiento de las funciones del servicio público respectivo, y no en fines ajenos a ello".
En este contexto, se ordenó al hospital a que adopte "las medidas necesarias para evitar la reiteración de situaciones como la acá observada".
Además, el ente fiscalizador ordenó "determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados en la situación en cuestión".
El recinto deberá remitir a la CGR una copia del acto administrativo, que "disponga su inicio, dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio”.
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