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Tras el escándalo que generaron los polémicos convenios por cerca de $426 millones entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi-Minvu de Antofagasta, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a todas las contralorías regionales congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales.

Hay que recordar que la Fundación tenía como representante legal a Daniel Andrade, pareja de la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD), que llevó a La Policía de Investigaciones (PDI) a allanar el hogar de Andrade, donde se incautó un computador y un celular.

El "Caso convenios" llevó a que se realizaran otros allanamientos por el mismo caso, y además Revolución Democrática presentó querella contra de todos quienes resulten responsables de los hechos ocurridos.

En el caso de Contraloría, se informó que la decisión fue informada a través de un correo electrónico, por el jefe de la Dirección Jurídica de la CGR, Camilo Mirosevic, debido a los polémicos convenicos entre la Fundación y la Seremi-Minvu de Antofagasta.

Según informó radio Bío-Bío, Contraloría realizará una auditoría de esos contratos y verificará, además, cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo u otros Ministerios.

La entidad fiscalizadora se enfocará en los convenios que superen las 5 mil UF que -por ley- es lo que se establece como índice para la toma de razón.