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Este viernes, la Corte Suprema aprobó una segunda entrega de títulos póstumos para ocho egresados de derechos de distintas universidades del país y que figuran en las nóminas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Entre las víctimas se cuenta José Tohá, padre de la ministra del Interior.

La decisión se adoptó luego de recibir una nueva solicitud de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Colegio de Abogados de Chile, considerando que el tribunal pleno decidió el 11 de enero de 2022 “otorgar, a modo de reparación y en forma extraordinaria, el título de abogado póstumo a quienes cumplan con el requisito de haber obtenido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales antes de su desaparición y/o ejecución, como también a quienes obtuvieron dicho grado en forma póstuma en sus respectivas universidades”.

En esta ocasión, en una ceremonia especial, el pleno de ministros entregará títulos póstumos a los familiares de Silvio Vicente Pardo Rojas, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Fernando Álvarez Castillo y Jaime Eltit Spielmann, egresados de la Universidad de Concepción y a Litre Quiroga Carvajal, Héctor Mario Silva Iriarte, José Tohá González, Fernando Abraham Valenzuela Rivera y Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, egresados de la Universidad de Chile.

Las víctimas:

Silvio Vicente Pardo Rojas, casado y padre de un hijo, fue detenido el 4 de abril de 1974 en la vía pública por personal de la Armada y visto por última vez en el Cuartel Silva Palma, recinto desde donde se le perdió el rastro.

Fernando Álvarez Castillo, de 40 años de edad, era intendente de la provincia de Concepción. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Naval de Talcahuano y luego a la Isla Quiriquina y el 5 de noviembre del mismo año trasladado a la Cuarta Comisaría de Concepción, lugar donde fallece tres días más tarde a raíz de las torturas recibidas.

Jaime Eltit Spielmann, de 27 años, fue detenido el 13 de septiembre de 1973 en Santiago y llevado hasta un departamento en calle San Ignacio donde permaneció hasta el 6 de octubre de 1973. Luego fue trasladado en tren a la ciudad de Temuco, donde permaneció detenido en el Regimiento Tucapel entre el 7 de octubre de 1973 y 13 de octubre de 1973, fecha en que se pierde su rastro.

Littre Quiroga Carvajal, de 33 años, director nacional de Prisiones, detenido el 11 de septiembre de 1973 cuando se fue a presentar voluntariamente al regimiento Blindado N° 2 y trasladado hasta el Estadio Chile dos días más tarde. Su cuerpo fue encontrado en las cercanías del Cementerio Metropolitano, junto a otras cuatro personas, entre ellas el cantante Víctor Jara, acribillado en la vía pública el 16 de septiembre de 1973.

Héctor Mario Silva Iriarte, de 38 años, gerente de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) de la zona norte y ex regidor de Chañaral, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 y ejecutado el 19 de octubre de 1973 en el paso por la ciudad de Antofagasta de la comitiva militar conocida como “Caravana de la Muerte”.

José Tohá González, de 47 años, exministro del Interior y exministro de Defensa del Presidente Salvador Allende, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda y retenido en la Escuela Militar. Luego fue trasladado al campo de prisioneros de Isla Dawson, en la región de Magallanes, y llevado en febrero de 1974 en precarias condiciones de salud al Hospital Militar de Santiago, lugar donde murió el 15 de marzo de 1974.

Fernando Abraham Valenzuela Rivera, ejecutado en la vía pública el 19 de noviembre de 1974.

Guillermo Osvaldo Vallejos Ferdinand, fue detenido el 20 de septiembre de 1973 en la empresa Airolite, lugar donde se desempeñaba como asesor jurídico del interventor de la entidad por personal de carabinero de la Quinta Comisaría y llevado al Estadio Nacional. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública el 22 de septiembre de 1973.

El 16 de noviembre de 2022, en ceremonia especial, la Corte Suprema otorgó de manera póstuma los títulos de abogados y abogada a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida; y de los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.