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La Corte Suprema recibió el oficio de la Cámara de Diputados, firmado por su presidenta Karol Cariola, en el cual se solicita la remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y del consejero Francisco Ugás, quienes habrían actuado “fuera de la ley” en una querella por tráfico de influencias que involucra al exministro Mario Desbordes.

Según el oficio, “actuaron fuera del margen de la ley excediendo tanto las atribuciones que nuestro ordenamiento jurídico les otorga en materia de intervención judicial, en relación a su vez con los delitos que taxativamente se señalan en el cuerpo normativo precitado, como el deber de imparcialidad inherente a la función del INDH y el deber de diligencia en el cumplimiento de su cometido legal".

En sentido, recalca que su función legal es "la protección y promoción de los Derechos Humanos de todas las personas que habitan en el territorio nacional", y que con la acción judicial cuestionada desatendieron "otras situaciones que involucran graves afectaciones a la integridad física y psíquica de un grupo considerable de chilenos”.

La solicitud de remoción fue aprobada en la sala por 66 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones, y fue presentada por los diputados Jorge Alessandri (UDI), Miguel Ángel Becker (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Felipe Donoso (UDI), Jorge Guzmán (Evopoli), Henry Leal (UDI), Andrés Longton (RN), Jorge Rathgeb (RN) y Hugo Rey (RN), y las diputadas Camila Flores (RN) y Natalia Romero (IND).

Tras la aprobación, la Cámara remitió a la Corte Suprema la solicitud aprobada, en conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 20.405. Dicha norma regula que el máximo tribunal puede remover de sus cargos a los consejeros del INDH, previo requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados.

La petición plantea la remoción por la causal de “negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones” ya que, los citados consejeros, habrían actuado fuera del margen de la ley y excediendo las atribuciones que el ordenamiento jurídico les otorga en materia de intervención judicial.

Esto, al decidir que el INDH presentara una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por un eventual tráfico de influencias relacionadas con el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier.

En ella se alude a conversaciones vía WhatsApp del entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete y al actual candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes.