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Miércoles 12 de abril de 2023 | 15:20 
El asesinato del suboficial de Carabineros, Daniel Palma, el pasado 5 de abril en la comuna de Santiago, desató una nueva arista en la crisis de seguridad que se vive en el país en los últimos meses.
Ante la gravedad del hecho, y considerando que se trataba del tercer mártir de la institución en menos de un mes, diversas voces se apuraron en diagnosticar un problema que tendría supuestamente su génesis en el proceso migratorio. Uno de los que levantó la voz fue el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien además de pedir ayuda a la ciudadanía para dar con los responsables del asesinato del carabinero, hizo un llamado a los fiscales del país a solicitar prisión preventiva a todas las personas extranjeras que han sido detenidas y que no cuenten con documentación que permita su identificación.
La solicitud del jefe del Ministerio Público no pasó desapercibida en el mundo político, dónde hubo voces que calificaron la medida como un “avance” en la lucha contra la delincuencia, considerando que según datos oficiales el 25% de los imputados que pasa a control de detención son extranjeros, y de ese porcentaje el 50% no cuenta con RUN en el Registro Civil de nuestro país.
“Apoyo a título personal la instrucción a los fiscales para que aquellas personas que participan de un delito y que efectivamente no tengan ningún tipo de identificación, la posibilidad de que, en primer lugar, el fiscal no los deje citado si no que los pase a control de detención e incluso que pueda ampliar el plazo de detención para que sea debidamente enrolado o se haga un registro para permitir individualizar al extranjero", comentó el diputado Raúl Leiva, miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, quien incluso abogó por la creación de un registro nacional para personas extranjeras.
“Queremos que haya igualdad para todas y todos, y por eso estamos promoviendo la presentación de un registro nacional de extranjeros. Todo chileno tiene que tener una cédula de identidad, bueno todo extranjero también debiera estar debidamente enrolado", comentó el parlamentario socialista.
Sin embargo, entre quienes se oponen a la medida -que en primera instancia solo se llevaría a cabo en la región Metropolitana y que se extendió al resto del país tras la detención de dos personas presuntamente implicadas en el crimen del suboficial Palma- ronda la idea que este tipo de solicitudes judiciales responden más a aspectos populistas y que podrían hacer crecer peligrosamente la criminalización de los inmigrantes.
“Es una medida más relacionada al populismo, lo cual es muy extraño viviendo de una persona que está en el área donde el populismo no debería estar presente, como el área de la normativa, el derecho. Creo que el fiscal nacional se apresuró, no sé cuál es el diagnóstico que tuvo o de dónde lo sacó. Me parece que debe haber alguna otra experiencia en otro país que lo haga creer que esta medida va a funcionar”, sostuvo Adriana Palomera, Directora ejecutiva Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago
La doctora en estudios americanos, e investigadora en migraciones, refugio y memoria aseguró que este tipo de medidas solo impulsa una sensación de criminalización hacía las personas extranjeras.
“Con esta medida en vez de pensar en los derechos que tienen la persona a la migración, se instala la idea de la criminalización. Hay una mala percepción y un mal enfoque del proceso migratorio, y especialmente en los tiempos que estamos, con una inmigración muy precarizada, con personas que son parte de una crisis humanitaria”, comentó la doctora Palomera.
Cabe señalar que el denominado “criterio Valencia” no ha tenido buena acogida en sus primeras horas en los tribunales de justicia. Algunos juzgados de Garantía han rechazado las solicitudes de prisión preventiva que instruyó el fiscal nacional, a lo que la portavoz de la Corte Suprema, Ángela Vivanco indicó que "no es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público".
“Nosotros no identificamos esto como ningún tipo de presión, tenemos buenas, cordiales y respetuosos relaciones con el Ministerio Público. El fiscal nacional tiene todo el derecho de establecer lineamientos para el equipo que va desarrollando las tareas correspondientes y esto es una atribución suya, que nosotros respetamos", comentó Vivanco.
Otro de los aspectos que genera preocupación entre quienes se oponen a la idea del fiscal Valencia es el hacinamiento histórico que se registra en los centros penitenciarios del país. Según los últimos datos de Gendarmería, las cárceles nacionales tienen un 30% de sobrepoblación, por lo que aumentar reos sería generar un nuevo problema en el sistema.
“En la medida que nosotros no tengamos recintos que estén adecuados, con un régimen diferenciado para poder mantener a este tipo de delincuentes, va a ser muy difícil combatir el crimen organizado. Si vamos a albergar a reclusos que están ligados al crimen organizado, estos tienen que estar en recintos que tengan las medidas de seguridad, segregación, la tecnología y el personal también suficiente”, comentó el comandante Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP).
