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El Juzgado de Garantía de Iquique decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional del ex intendente regional Miguel Ángel Quezada Torres; su jefa de gabinete, Lilian Plaza Bravo, y el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional Jhonny Muñoz Cancino, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de fraude al fisco. Ilícito que habrían perpetrado en 2020, año en que ejercían los cargos públicos.

En la audiencia de formalización, el magistrado Frederick Roco Alvarado rechazó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y, tras abrir debate, decretó las medidas cautelares que consideró adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó un plazo de investigación de 12 meses.

Según el Ministerio Público, en marzo de 2020 Quezada Torres se desempeñaba como intendente regional de Tarapacá; Plaza Bravo era su jefa de gabinete y Jhonny Muñoz Cancino, jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional. Mes en que se decretó zona de catástrofe en todo el país, debido a la pandemia de coronavirus, lo cual permitió a los imputados disponer de fondos públicos extraordinarios destinados a solventar ayudas sociales, a través procesos de contratación directa.

En dicho contexto, el lunes 20 de abril de 2020, se autorizó a la Intendencia Regional –a solicitud del entonces intendente– a disponer de $1.190 millones (mil ciento noventa millones de pesos) del Fondo Regional de Emergencia aprobado por el Consejo Regional de Tarapacá, para la adquisición de 23.113 canastas o cajas básicas de alimentos para repartir entre las familias más afectadas por la pandemia, en el marco del programa denominado: “Alimentos para Chile”.

Las adjudicaciones por trato directo favorecieron a tres proveedores: DID Sonido y Compañía SpA, de Dimitri Andrés Díaz Neira y Ricardo Alexis Percic Becerra, por 8.006 cajas por un monto total de $407.857.664; Sociedad VyL Deportes Limitada, en la cual es socio Jorge Venegas López, por 7.650 cajas y un valor de $391.527.000, y Lorena Barrientos Ramírez (como persona natural) por 7.457 cajas por un valor de $391.492.500, y que, finalmente, actuó como testaferro de la empresa CyA Eventos Limitada, de Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Andrea Ciudad Varela, que se encontraba inhabilitada para celebrar contratos con el Estado.

Los montos pagados por las cajas de alimentos y otros enseres básicos, según la Contraloría General de la República y la investigación fiscal, a dichos proveedores fue superior al promedio nacional e, incluso, al pagado por la misma Intendencia en otros programas; sobreprecio calculado en más de 232 millones de pesos.

En paralelo, y también como parte del programa “Alimentos para Chile”, el Gobierno Regional de Tarapacá gestionó recursos adicionales por más de $1.192 millones, aprobados a través de la asignación directa del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2020. Estos recursos se entregaron mediante convenios de transferencia directa permitiendo adquirir 22.680 cajas de alimentos y elementos de limpieza.