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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva en contra de Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

Torrealba fue formalizado por el presunto uso fraudulento de recursos fiscales destinado a los programas VitaSalud, VitaEmprende y VitaDeportes del municipio. Según el Ministerio Público, el exalcalde desvió dineros de estos programas para su beneficio personal y el pago de honorarios irregulares por servicios no prestados.

La Fiscalía había pedido la prisión preventiva contra el exedil aludiendo riesgo de fuga y la reiteración de los delitos señalados.

La defensa del otrora jefe municipal calificó de "exagerada" la privación de libertad de su defendido. Su abogado, Francisco Velozo, afirmó que no existe riesgo de fuga, ya que "hemos comparecido las veces que se nos ha requerido".

El caso se destapó ante una denuncia en 2021 de la nueva alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, realizada debido al testimonio del jefe jurídico del municipio, Mauricio Irarrázabal.

Irarrázabal alertó a la alcaldesa luego de que el exjefe de finanzas de las corporaciones “Vita”, Domingo Prieto, le comentase sobre las "diversas irregularidades que se venían cometiendo en el municipio", donde "se entregaban sumas de dinero mensualmente al alcalde Torrealba, ($5 millones) dinero que se extraía desde Vita Deportes".

Además de Torrealba, también fueron formalizados el propio Prieto, así como la exdirectora (s) de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín; y los excontadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva.

En la formalización se indicó que los otros imputados en la investigación quedaron con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual, junto a la prohibición de acercarse entre ellos.

Torrealba insiste en su inocencia

En su llegada a la formalización, Torrealba insistió en su inocencia: "Lo he dicho, lo repito y lo reitero", subrayando que "ya verán cómo todos esos delitos serán desechados".

no quiso calificar su caso de persecución política, indicando que "quiero que las instituciones funcionen", en relación al sistema judicial.

"No tengo nada que decir hasta que termine el proceso", manifestó el imputado, descartando un financimiento político con los dineros provenientes desde la municipalidad.