Noticias

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la paralización de una serie de proyectos impulsados durante la administración del presidente Gabriel Boric, entre ellos la ciclovía del eje Alameda-Providencia y diversas expropiaciones, con el objetivo de redirigir recursos hacia la reconstrucción en la Región del Biobío.

En entrevista con La Tercera, el titular del Minvu calificó estas iniciativas como “faraónicas”, argumentando que no se justifican por su alto costo y complejidad. Asimismo, aseguró que al asumir la cartera se encontraron con un presupuesto comprometido en un 97% por deudas de arrastre, lo que —según dijo— no fue advertido previamente.

En ese contexto, el secretario de Estado confirmó que se revertirá la expropiación de Colonia Dignidad mediante un decreto que anulará el plan original. Argumentó que el costo estimado —47 mil millones de pesos solo en su parte urbana— es incompatible con las actuales disponibilidades presupuestarias.

“Gobernar es priorizar”, sostuvo Poduje, indicando que esos recursos podrían destinarse, por ejemplo, a la reparación de 1.500 viviendas o al mejoramiento de espacios comunitarios. Además, descartó que la decisión responda a razones ideológicas, señalando que se trata de un criterio de prioridad social.

Desde el oficialismo y la oposición surgieron diversas reacciones. La diputada Gloria Naveillán valoró la decisión, considerándola razonable, aunque reconoció la importancia de contar con sitios de memoria.

Por el contrario, el diputado socialista Raúl Leiva criticó el anuncio, acusando al Gobierno de intentar instalar una agenda comunicacional para desviar la atención de otros problemas. En tanto, el diputado Roberto Celedón sostuvo que la medida representa un retroceso en políticas de Estado y cuestionó la falta de diálogo con las familias de las víctimas.

Desde las agrupaciones de derechos humanos, Myrna Troncoso, presidenta de la organización de familiares de detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad, expresó su sorpresa ante la decisión. Afirmó que existían acuerdos previos para la construcción de un memorial, destacando el derecho a la verdad y la memoria de las víctimas.