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El diputado Mauro González (RN) pidió al ministro de Justicia, Luis Cordero, rechazar la solicitud de una supuesta organización “satánica” que busca reconocimiento legal, según un reportaje de radio Bío Bío.

Se trata de la entidad denominada “Templo de Satán: Satanistas y Luciferinos de Chile”, que presentó ante el Ministerio de Justicia su acta constitutiva, con miras a obtener el reconocimiento legal como asociación religiosa.

Según lo reportado en la nota, los miembros del Templo de Satán han trabajado arduamente durante años en la creación de su organización, la cual sobrevive a base de aportes voluntarios de sus miembros. Además, la organización destaca su compromiso con el cumplimiento de las leyes y su rechazo a la intolerancia, la intransigencia, el fanatismo y la imposición. Asimismo, subrayan que no buscan imponer sus creencias a otros. “No imponemos a nadie nuestra visión de las cosas o del mundo, no imponemos nuestras creencias a nuestros vástagos, ni a persona alguna, pues estamos a favor de la libre determinación de la personalidad”, añaden.

En su declaración, los satanistas y luciferinos también subrayan su postura contra el maltrato animal y la intromisión de ministros de culto en asuntos gubernamentales o legales.

SATANISMO EN CHILE

A pesar de la declaración de principios mostrada por el grupo, el diputado -a través de un oficio- aseguró que estas organizaciones afectan a las familias y que “toda iglesia que se autodenomine como satánica tiene fines que chocan directamente con los parámetros constitucionales, y su inscripción debería ser objetada y rechazada”.

“Chile no puede convertirse en la cuna del satanismo en América Latina, en ninguna parte de Latinoamérica lo han podido lograr y Chile no puede ser la excepción. Por eso hemos oficiado para que el Ministerio de Justicia entregue toda la información y desde ya solicitar al gobierno que no puedan abrir las puertas al satanismo", declaró.

“La libertad de conciencia y por consecuencia en este caso, las libertades de expresión y asociación reconocen límites que el Estado debe resguardar. En efecto, de acuerdo al derecho de asociación, las personas pueden crear todas las organizaciones que deseen, sin permiso previo. No obstante, sus fines no pueden ser contrarios a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado, tal como lo señala el artículo 19 N° 15 de nuestra Constitución Política de la República”, enfatizó