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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución en el que se le solicita al Presidente Gabriel Boric a que tome medidas para modificar el centro penitenciario Punta Peuco para que dicho recinto quede habilitado para recibir reos comunes.

Con 67 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones, la Sala aprobó la resolución 155, que busca modificar el funcionamiento del recinto penal, dado que actualmente alberga a presos que han sido condenados principalmente por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En el documento, se argumenta que actualmente la población penitenciaria desborda la infraestructura estatal. Esto viola los derechos humanos de las y los presos, quienes pierden tales derechos por la sola condición de haber sido privada su libertad ambulatoria.

Por otro lado, quienes promovieron la resolución señalan que es imposible saber, fidedignamente, la identidad de los reos que están en Punta Peuco. A su juicio, "esto cubre con un manto de dudas de la real necesidad de que tales criminales necesiten condiciones especiales de reclusión".

Por esto, agregan, la segmentación que existe en el centro penitenciario solo responde a criterios alejados de la objetividad que el decreto de creación ordena. Agregan que no se puede señalar que los condenados por delitos contra los derechos humanos tengan amenazada su integridad física o síquica y, por lo tanto, que deban tener un régimen penitenciario privilegiado.

Con estos antecedentes, argumentan que "se podría concluir que los criminales que lo habitan solo acceden a tales privilegios penitenciarios debido a su contribución a la dictadura militar chilena iniciada en el año 1973".

La resolución fue promovida por las y los diputados independientes Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa.