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Los diputados María Luisa Cordero, Miguel Becker y Bernardo Berger, todos de Renovación Nacional, enviaron un oficio a la Contraloría General de la República para investigar una eventual “ilegalidad” de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por convocar a un acto de difusión de la Reforma de Pensiones.

Según los parlamentarios, la actividad “Diálogo ciudadano sobre proyecto de ley del nuevo Sistema de Pensiones” convocada por la autoridad comunal estaría fuera de las potestades de un municipio.

El texto enviado a la CGR señala que “estos parlamentarios desean manifestar su inquietud en relación con la legalidad del gasto y a la eventual infracción del principio de probidad”.

Los legisladores aseguran que a un municipio no le corresponde llevar a cabo convocatorias para dar a conocer, en este caso, una reforma que aún está siendo discutida en su “primer trámite legislativo” en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Los diputados afirman que la convocatoria fue sesgada, porque la alcaldesa Hassler citó, además de las ministras Vallejo y Jara, ambas de militancia comunista, a la jefa de la división de organizaciones sociales Javiera Hausdorf (PC). En la instancia participaron también las parlamentarias Alejandra Placencia (PC) y Emilia Schneider (oficialista), entregando una sola visión del cambio de sistema de pensiones que pretende llevar adelante el Gobierno de Gabriel Boric.

El oficio señala que el acto llevado adelante por la jefa municipal podría verificar “un uso ilegal de recursos públicos destinado a favorecer la agenda legislativa del Gobierno”, lo que derivaría en una “infracción especial a la probidad administrativa”.

Finalmente, se pide a la CGR que solicite los antecedentes al municipio por el acto realizado, disponga “los procesos disciplinarios que con ocasión de lo resuelto pudieren proceder, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la Administración Pública”.