Actualidad

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizará su séptimo Estudio de Mercado sobre el mercado fúnebre, que se compone principalmente de las empresas funerarias y de los cementerios que operan en el país.

La FNE seleccionó este mercado por variadas razones, entre ellas que, en un sondeo preliminar, observó una alta dispersión de precios en el mercado para servicios y bienes que son muy similares entre sí, lo que podría explicarse por sesgos de comportamiento, como el hecho de que las personas normalmente contratan estos servicios o bienes bajo una alta vulnerabilidad emocional, producto del reciente fallecimiento de un ser querido.

Asimismo, existe escasa información pública sobre los precios y servicios que entregan las funerarias y cementerios, por lo que las personas enfrentan altos costos de búsqueda, especialmente considerando que deben tomar una decisión en un tiempo acotado dado que la regulación sanitaria exige realizar los servicios funerarios dentro de 48 horas de producido el fallecimiento. Lo anterior puede llevar a que las personas no tomen decisiones racionales y a que los precios no sean propios de un mercado competitivo.

La FNE también constató en su sondeo que empresas del sector realizan ventas atadas y empaquetamiento de productos y servicios asociados al valor del ataúd, tales como arreglos florales, obituarios en la web, imágenes religiosas y acompañamientos del servicio fúnebre, entre otros.

Asimismo, en estudios similares realizados en España y el Reino Unido se encontró la existencia de restricciones verticales, que se manifiestan a través de acuerdos formales e informales entre las empresas de cementerios y servicios funerarios, o incluso de hospitales y servicios funerarios. Ambas prácticas no necesariamente son problemáticas para la competencia, pero deben ser analizadas en profundidad por sus posibles efectos explotativos de los consumidores o efectos exclusorios de competidores.

“El mercado de funerarias y cementerios es muy relevante para la población, porque obliga a las familias a realizar un gasto ineludible, muchas veces inesperado, en un momento de gran vulnerabilidad emocional, y que representa un porcentaje importante de su presupuesto mensual. Por eso, vamos a analizar cómo está funcionando para detectar sus fallas y poder hacer las recomendaciones que permitan mejorar la competencia en beneficio de las personas”, señaló el Fiscal Ricardo Riesco.

El estudio abarcará todas las etapas del mercado, incluyendo desde la contratación de servicios en vida (seguros y sepulturas por necesidad futura) hasta posibles exhumaciones y nuevas inhumaciones, pasando por la contratación de servicios funerarios y de sepultura o cremación, tanto en instituciones públicas como privadas. 

De acuerdo a información disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile mueren alrededor de 110 mil personas al año, con un alza de 2% anual, y, según datos del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia causada por el COVID-19, este número aumentó a casi 126 mil en el 2020, cifra 7,5% superior a la estimada en ausencia de la crisis sanitaria.

Los fallecimientos se traducen en gastos significativos para las familias, sobre todo considerando los altos valores que tienen los servicios funerarios y de sepultura, y el relativo bajo nivel de ingresos de la familia promedio. Según constató la FNE en el mencionado sondeo preliminar, los paquetes ofrecidos por las funerarias pueden costar entre $ 1 millón y $ 5 millones, lo que se suma a los valores de sepulturas que van desde $ 150 mil hasta $ 149 millones.

Así, los gastos asociados a funerales y sepulturas o cremaciones pueden representar al menos 28% del ingreso mensual de los hogares chilenos, tomando en consideración la mediana del ingreso por vivienda nacional, estimado en entre$ 800 mil y $ 836 mil en los últimos tres años conforme a datos del INE.