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La Corte Suprema sentenció y obligó a las compañías Mowi y Ventisqueros a entregar la información sobre cantidad y clase de antibióticos utilizados en la producción de 2015, 2016 y 2017. El fallo es un fuerte espaldarazo al proyecto de ley que exige publicación de uso de sustancias para la producción de salmones.

La organización de conservación marina Oceana valoró la sentencia, pero criticó fuertemente la actual regulación, que permite a las empresas retrasar la entrega de dicha información hasta por cuatro años. Esto luego de que el fallo ocurriera luego que ambas salmoneras acudieran a todas las instancias posibles para no entregar estos datos.

"Durante años ha sido una costumbre que las salmoneras dilaten lo más posible la entrega de información pública, llegando incluso a la Corte Suprema, la cual las ha obligado en esta y otras oportunidades a entregar datos que son esenciales para conocer la forma en que cada empresa utiliza ciertas sustancias que pueden impactar la salud de las personas y el medio ambiente donde operan", afirmó Javiera Calisto, Directora Legal de Oceana Chile.

Según lo que informó Oceana, la Corte señala en su fallo que, habiendo resuelto previamente casos de estas mismas características, la publicación de estos datos no afecta los derechos comerciales o económicos a los que aluden las empresas salmoneras en cuestión, y éstas deben transparentar la información requerida por Oceana.

"Esta sentencia es una razón más para que el Congreso apruebe la ley que obliga a Sernapesca a publicar en su página web la cantidad y tipo de antibióticos que cada empresa utiliza", señaló Calisto, agregando que "de esta forma, se terminaría con años de disputas judiciales para obtener la información y se garantizaría que las personas puedan efectivamente realizar un escrutinio público del desempeño socioambiental de las empresas y su fiscalización".

Se espera que en las próximas semanas, el Senado vote el proyecto de ley que pondrá a disposición del público información sobre antibióticos y otras sustancias que generan impactos en el ambiente, datos de mortalidades en los centros de cultivo, además de aumentar las sanciones por los escapes de salmones. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.